EU Verds deplora la manipulación informativa del alcalde de Aldaia a propósito de la denuncia presentada por una gestión irregular de las nóminas municipales

Juanjo Llorente

Tras el anuncio aparecido en la prensa de que la fiscalía había archivado provisionalmente y por segunda vez una denuncia de este concejal, la primera en la legislatura pasada cuando gobernaba el PP y ahora bajo mandato socialista en minoría en el Ayuntamiento, Juanjo Llorente en calidad de portavoz de EU Verds del Ajuntament de Aldaia, plantea las siguientes aclaraciones que rogamos sean difundidas al menos en la misma prensa que ya ha actuado de parte, difundiendo una información del alcalde sin contrastar previamente:

1.- Como se verá en la documentación adjunta (ver al final), la fiscalía no declara inocente al alcalde, se limita a valorar que no encuentra indicios penales, por lo que no la llevará a juicio. Ello no es óbice, como señala literalmente el decreto de la Fiscal y sobre todo la primera denuncia que presentamos, para considerar la existencia de irregularidades administrativas “muy graves” que pueden dirimirse planteando un contencioso administrativo. En el caso de esta segunda denuncia, archivada provisionalmente, lo que también dice la Fiscalía es que tenemos la posibilidad de presentar directamente la denuncia ante la Justicia (abonando las cantidades desorbitadas preceptivas, ya que en España no hay justicia gratuita). Es decir, según expresa literalmente el documento anexo, la fiscal tan solo comunica que no llevará al juzgado de lo penal la denuncia de EU Verds por no encontrar pruebas para poder considerarlo un delito penal (como sería por ejemplo que hubo enriquecimiento personal o corporativo del gobierno socialista).

En cambio, señala dos veces resaltándolo en negrita en la primera y última páginas de su Decreto, que los denunciantes tenemos las opciones de presentar la denuncia penal directamente al Juez o bien recurrir a la via contencioso-administrativa. Lo que exigiría, solo para poder tramitarla, un desembolso económico importante del grupo municipal que no puede asumir, considerando el presupuesto de 2000 euros anuales recibidos del Ayuntamiento para gastos de todo tipo.

2.- En consecuencia, el alcalde puede vender a la prensa que ha sido “exonerado” pero ello no es cierto, en absoluto. Hubo irregularidades evidentes en la gestión de nóminas, como en particular pagar por sus servicios a una empresa privada sin hacer una licitación previa, motivo por el que la Intervención ha venido informando con “recursos suspensivos” a estos pagos. Lo que pasa es que, dentro del sistema jurídico que padecemos en España, existe un filtro muy restrictivo para evitar o dificultar las imputaciones penales de responsables políticos de las administraciones públicas, así como una secular falta de recursos por parte de la fiscalía para investigar y atender con suficiente detalle las denuncias que se les presentan.

3.- Con respecto a las acusaciones vertidas en prensa de que el concejal denunciante pretendía “deteriorar la imagen de la corporación municipal”, resulta llamativa la doble confusión que traslucen. Primero, al identificar la gestión del gobierno socialista de 8 miembros con la corporación en su conjunto, integrada por 21 concejales y concejalas. Del mismo modo, resulta absurdo el rechazo socialista a que la oposición cumplamos nuestra obligación de hacer oposición en lugar de limitarnos a aplaudir las ocurrencias del alcalde, es bien sabido que por lo común poco afortunadas y peor gestionadas.

4.- Decir, por último, que dentro de su papel de fiscalización, EU Verds tramitó la semana pasada una nueva denuncia por lo penal, esta vez contando con asistencia letrada, a propósito de los sobresueldos que perciben determinado personal municipal. Pero hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado por lo que no procede entrar en detalles.