Se ha escrito mucho sobre el sistema judicial y sobre la justicia en
particular en España, y prácticamente es unánime la opinión de que
nuestro sistema no funciona. Y lo que es peor, es que no existe
voluntad política de arreglarlo. A los políticos no les interesa, ya
que les favorece la lentitud y la falta de trato igual con todos los
ciudadanos. Es decir, funciona implacablemente sobre los ciudadanos
"normales" y sin embargo, está lleno de fisuras con los poderosos.
Pero vayamos por partes explicando cuales son algunas de las deficiencias de nuestro sistema judicial.
La
primera de ellas es la escasez de medios de toda índole: pocos jueces,
pocos juzgados, pocos recursos humanos y escasamente preparados,
escasos recursos tecnológicos y los pocos que hay son mal utilizados.
Uno se pregunta si es posible y necesario que puedan existir sumarios
de 4.000 hojas. Da la sensación de que se está hiperburocratizando
adrede el sistema. Y lo peor del todo es que en muchos casos esos tomos
se imprimen y no se guardan en ningún ordenador, lo que lleva a que a
posteriori tengan que escanearse o simplemente se pierde parte o en su
totalidad. El no utilizar los recursos tecnológicos lleva a que lo que
hace un juzgado, no lo conozca otro, aunque estén en la misma comunidad
autónoma. Dando pie a situaciones vergonzosas como el del pederasta que
mató a una niña, cuando ya debería estar en prisión. Pero aquí no pasa
nada. Al juez encargado de la encarcelación, se le olvidó tramitar la
orden; le ponen una sanción de sólo 3.000 euros y encima tiene la
desfachatez de presentar alegaciones. Entonces quién es el responsable,
el secretario del juzgado, el administrativo o el juez?
Otro problema señalado por todos los autores revisados es el de las
diferencias de competencias entre los que mandan en la justicia:
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ministerio de Justicia y las
Comunidades Autonómas. En mi opinión, la justicia tendría que estar
centralizada y nunca debieron traspasarse las competencias a las
comunidades autónomas, porque esto ha llevado, como se ha visto, a
muchos problemas, entre ellos a un aumento de la ya abundante
politización de la misma. Los miembros del CGPJ eran elegidos en parte
por el Parlamento, es decir por los partidos políticos, y parte por los
mismos jueces. Se cambió el sistema y ahora son elegidos todos sus
miembros por los partidos políticos, perdón, por el Parlamento. Ninguno
de los sistemas anteriores son democráticos, ni es bueno para la
nación. Deberían ser elegidos por los ciudadanos en unas elecciones
cada 4-8 años y quizás con una renovación parcial cada 4 años. Dirán
los políticos y los jueces, que los ciudadanos no están preparados o no
conocen a los jueces que se presentan. Pero se sorprenderían de lo
efectivo que puede llegar a ser el “pinto, pinto, gorgorito......”
Se legisla mal y mucho, según numerosos juristas. Es verdad que desde
siempre España no hace más que crear leyes, pero como luego no se
aplican, no sirven para nada. Algunas leyes, existen en realidad para
no ser llevadas a la práctica, porque son difíciles de emplear, pero
cuando interesa, se aplican de manera irremediable a aquellos que han
sido “malos chicos”. Esto lleva a una inseguridad jurídica de los
ciudadanos españoles, que cuando critican o sobresalen en contra de los
criterios políticos o gremiales de los jueces, entonces sí que se
utilizan esas leyes para callar la voz de los díscolos. Que se lo digan
al juez Garzón en los casos Gürtel, de financiación irregular del PP y
caso del franquismo. Antes que él, las escuchas entre los letrados y
sus defendidos, se han realizado, y /o no han sido cuestionadas, o bien
se las ha anulado en el sumario correspondiente.
Pero en el caso del juez Garzón (único caso, que se conozca) se le
aparta de la judicatura. Así es la justicia en España: las mismas
leyes, pero se aplican de manera diferente, según les interese a los
jueces o a sus amos. Pero lo del juez Garzón, no es nuevo. Uno que sí
que tiene memoria histórica, recuerda a otros jueces que fueron
apartados de sus juzgados: Marino Barbero Santos, caso Filesa, de
financiación irregular del PSOE; Javier Gómez Liaño, instructor del
caso GAL. Ya veremos qué pasa con la jueza del caso de los ERES
irregulares de Andalucía y los jueces que llevan ahora el caso Gürtel,
especialmente en los que atañe a la familia real. Y estos son los
jueces más conocidos.
¿Qué pasará en esos juzgados pequeños, donde los casos no son tan
famosos? Pero la inseguridad jurídica de los españoles no termina
aquí, sino en la debilidad del sistema judicial español, según explica
José María Hill en Acción Blog el 03/04/2009 “Por qué la justicia no
funciona en España”. Según este autor, el juez instructor es parte de
la acusación junto con el fiscal y ambos van en contra del detenido y
de su defensor. En los países anglosajones, según este mismo autor, el
juez es independiente, ya que no conoce la causa y escucha a las partes
y decide.
En España, en los delitos de menos de 4 años, primero el detenido es
juzgado por lo penal (1ª instancia). Si éste no está de acuerdo con el
veredicto puede apelar a la Audiencia Provincial y se vuelve a celebrar
un nuevo juicio, con pruebas, testimonios, etc.. Esto es lo que se
llama 2ª instancia. Sin embargo, en los delitos que pueden estar
tipificados en más de 4 años, se juzga en la Audiencia Provincial (1ª
instancia) por tres jueces. Y la sentencia no puede ser apelada. Es
decir, puede ir al Tribunal Supremo, pero éste no es un tribunal de
apelación, ya que no se pueden revisar las pruebas o testimonios de
nuevo. No es por tanto, de 2ª instancia.
A todo esto hay que sumar el uso abusivo que se hace en España de la
prisión provisional, que incluso el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha recriminado al reino de España. Además, los jueces en España
se permiten la “licencia” de condenar porque han llegado a la “íntima
convicción” de que el detenido es culpable. No por las pruebas, sino
porque los jueces “creen” que es culpable. Esto hace que la inseguridad
jurídica de los españoles sea tremenda y dependa del juez que actuará
según sea el reo. En el sistema anglosajón, las leyes dicen lo que
dicen y no lo que los jueces quieren que digan. Pero sigamos con la
inseguridad jurídica de los españoles. ¿No nos choca a los españoles la
cantidad enorme de excarcelaciones que existen debido a los indultos
que promueven los gobiernos de turno? La mayoría de las veces
orresponden con delitos económicos de personas importantes, de
amistades de la Jefatura del Estado, o los últimos militares implicados
en el accidente del Yak 42. En fin, una vergüenza. Como decía un juez
Argentino “vale más la hacienda que la vida”.
Pero hay más, ¿qué pasa con los jurados populares cuando tienen que
enfrentarse a juicios por fechorías de políticos importantes o juicios
contra etarras o mafiosos?. Puede alguien creer que los ciudadanos
“normales” pueden atreverse a culpabilizar a un ex-presidente de una
comunidad autónoma, con fuerte respaldo político, aunque los hechos
estén más que probados. Estos individuos, igual que los mafiosos,
pueden hacer la vida imposible a los miembros del jurado.
Además
el Estado Español no va a proteger a ningún miembro del jurado. Pero
podríamos seguir hablando: ¿Por qué prescriben algunos delitos? ¿Por
qué algunos condenados por los tribunales, no llegan nunca a ingresar
en prisión, e incluso se pavonean en las bodas reales? ¿Por qué tienen
mayor condena la piratería que el maltrato? ¿Por qué la justicia
depende del letrado que te puedes costear?
El gobierno actual quiere que se cambien las leyes para que cualquier
manifestante que rompa una farola (menudo terrorismo) cumpla una
condena de 3 años en prisión!!!! Es decir cualquier manifestante puede
ser declarado terrorista. Luego cuando llegue el caso se aplicará la
ley o no según convenga al gobierno de turno: en el Pais Vasco lo
llamamos “kale borroka”, es decir terrorismo; pero en Pozuelo (pueblo
cercano a Madrid de clase media-alta), con asalto a la comisaría de
policía incluido, actos de gamberrismo.
Si las leyes no están claras para todos los ciudadanos y no se cumplen
igual para todos, entonces esto no es una democracia señores políticos,
lo podríamos llamar dictadura democrática, que no es lo mismo.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia