El 10% de los vecinos censados de Riba-roja podrá plantear una consulta popular al ayuntamiento sobre un tema de interés público

El 10% de los vecinos empadronados mayores de edad de Riba-roja de Túria podrá solicitar al ayuntamiento de la localidad la convocatoria de una consulta popular sobre un tema o una cuestión concreta de interés público con el objetivo de que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este derecho podrá ser ejercido a instancias de un vecino de la localidad, una asociación o una entidad.

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado por mayoría absoluta el nuevo reglamento municipal regulador de transparencia y de participación ciudadana diseñado por el actual equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- y que contó, además, con el voto favorable de Riba-roja Pot y de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular.

Las iniciativas para presentar una consulta popular deberán ser sometidas, posteriormente, a debate y votación del pleno o resuelta por el órgano competente por razón de la materia, además de la necesidad de presentar un informe previo de legalidad de la secretaría municipal y otro del área de intervención cuando la propuesta afecte a los derechos y las obligaciones de contenido económico del ayuntamiento.

El reglamento municipal prevé, además, la consulta popular sobre asuntos de especial relevancia para los intereses de los vecinos de Riba-roja de Túria de conformidad con la legislación del Estado y la Comunidad autónoma cuando ésta última tenga las competencias requeridas. Para ello, la alcaldía podrá someter a consulta popular asuntos de interés municipal, con excepción de los relativos a la hacienda local. La única condición para participar en la consulta popular es estar empadronado en la localidad y ser mayor de edad.

El nuevo instrumento de participación aprobado por el pleno de Riba-roja contiene también el derecho de petición, reconocido constitucionalmente, y que podrá ser ejercido mediante un escrito dirigido a los órganos municipales competentes que contestarán en el plazo máximo de tres meses. Los vecinos podrán defender su propuesta o petición en dependencias municipales por iniciativa propia o por el ayuntamiento.

El reglamento de transparencia y participación se completará con la creación de una oficina de información para trasladar quejas, sugerencias o felicitaciones sobre temas o cuestiones de interés público. Entre ellas, cabe destacar las propuestas para mejorar la prestación o calidad de un servicio municipal; una petición, demanda o protesta sobre el mal o deficiente funcionamiento de los servicios municipales; y, por último, una felicitación por el reconocimiento de un usuario sobre un servicio público determinado.

Una comisión especial de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones se encargará de defender los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal, supervisar la actuación de ésta, proponer acciones de mejora e informar las quejas que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento, se le dirijan por parte de los ciudadanos. Esta comisión podrá llevar a cabo investigaciones sobre el funcionamiento de los servicios, así como realizar inspecciones de las distintas áreas municipales de Riba-roja. La comisión se reunirá una vez al año en sesión ordinaria.

El concejal de Transparencia y Participación Ciudadana, Rafael Gómez, ha subrayado el carácter "ambicioso" e "innovador" del reglamento aprobado "por cuanto se trata de un documento avanzado y muy ambicioso para todos los ciudadanos de la localidad que permitirá profundizar en una mayor participación vecinal en la gestión de los recursos públicos del ayuntamiento".

La transparencia municipal en la gestión ha sido una máxima constante del actual equipo de gobierno de Riba-roja de Túria en la actual legislatura política. Primero, con la firma del decálogo de medidas para el buen gobierno, a continuación la normativa que impedirá utilizar las denominadas "puertas giratorias" durante los dos años siguientes a la salida de la política para los concejales y, finalmente, la composición de las mesas de contratación de las que se excluyen, por primera vez en el ayuntamiento, a los concejales, entre otras muchas propuestas.