Concentración contra el copago en Quart. EPDA El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha decidido asumir el copago
impuesto en 2014 por la Generalitat a personas con discapacidad del municipio,
ante las diferentes resoluciones judiciales que anulan la medida adoptada por
el Gobierno Autonómico, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
en los últimos meses. De esta forma, las familias afectadas no tienen que
soportar la situación de inseguridad que se ha generado ni se ven obligadas a
recurrir individualmente a la Justicia para reclamar el dinero que ya han
aportado.
“No es la primera vez que desde el
Ayuntamiento asumimos el copago y en esta ocasión lo hacemos porque todo apunta
a que se va a declarar improcedente, puesto que no sólo son ya varias las
resoluciones judiciales que lo anulan y muchos más los recursos presentados que
se resolverán seguramente en el mismo sentido, sino que la propia Generalitat
ha reconocido su error, al aprovechar la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos de 2015 para cambiar la regulación que hizo del copago”, explica la alcaldesa, Carmen Martínez.
Desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet, en consecuencia, “creemos que las familias bastante están
sufriendo con los recortes y repagos en los servicios sociales, por lo que,
vamos a iniciar los trámites para que el dinero que ya han abonado se les
devuelva y no abonen ni un céntimo en 2014; lo asumirá el Ayuntamiento”.
La Generalitat reguló el copago de tal forma que, en el caso de
Quart de Poblet, las familias de usuarios y usuarias del Centro Ocupacional
para Personas con Discapacidad Intelectual afectadas debían hacer el ingreso no
a la Conselleria, sino al Ayuntamiento. Para la gestión de este centro, el
consistorio contrató al Patronato Municipal Francisco Esteve, que
se prestó a colaborar encargándose directamente del cobro a las familias.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJ-CV) del pasado 1 de octubre, que anulaba el copago autonómico basándose en
que se había fijado como precio público con rango de decreto y no como tasa con
rango de ley, y las resoluciones posteriores en el mismo sentido han hecho
ahora que el Ayuntamiento vaya a iniciar los trámites para que el Patronato Francisco Esteve
devuelva a cada una de las familias afectadas el dinero que han aportado en
2014 porque son cada vez más los pronunciamientos judiciales contra la
imposición de la Generalitat.
Respecto a 2015, la Generalitat ha aprovechado la Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos para imponer, con la oposición del resto de grupos
políticos, una nueva regulación del copago, esta vez como tasa, tal como exigía
el TSJ en la sentencia por la que lo declaró nulo. Una tasa que las familias
tendrán que pagar en enero, pero ya directamente a la administración autonómica
sin intervención de los ayuntamientos.
“Es vergonzoso e intolerable el trato que
la Generalitat está dando a personas
mayores, discapacitadas y dependientes con un copago injusto,
que los deja absolutamente desprotegidos y que vulnera sus derechos”, añade Martínez, quien incide en que el Ayuntamiento no sólo no
ha reducido, sino que ha incrementado la dotación de servicios y programas
dirigidos a este colectivo ciudadano.
De momento, el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi), integrado por más de 7.000 entidades de todo el país, ha
anunciado que promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de
Acompañamiento que cambia el copago de precio público a tasa y va a presentar
una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso pidiendo que la participación
en el coste de las prestaciones sociales se regule por una ley estatal y no por
normas autonómicas, ya que defienden que
es el Estado el que tiene competencias en esta materia.
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