El pleno del Ayuntamiento de Riba-Roja. //EPDA La Diputación de Valencia ha reclamado al Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria el pago de 575.865 euros que la administración local no
ingresó en el organismo provincial entre los años 1999 y 2014. La reclamación
está relacionada con la parte proporcional que el ayuntamiento debía transferir
a la diputación en concepto del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente
a las empresas de la localidad.
El
gobierno local de Riba-roja de Túria y el ente provincial han llegado a un
acuerdo que permitirá a las arcas municipal satisfacer el pago de los 575.865
euros en cuatro plazos determinados, entre los años 2016 y 2019 y sin que se
tengan que abonar, además intereses por el aplazamiento del dinero. De esta
forma, durante los tres próximos años se transferirán 143.966'30 euros anuales
a la Diputación de Valencia para pagar la cantidad total, que se añaden al
plazo de este año que ya se ha satisfecho.
La
primera cantidad pactada entre ambas partes ya se ha satisfecho mientras que el
resto de los plazos previstos se llevarán a cabo a finales de abril de los años
2017, 2018 y 2019. Se trata de una disposición legal de la Diputación de
Valencia aplicable para aquellos casos en los que se aplaza el pago de una
deuda pero únicamente se permite satisfacerla en un periodo máximo de 4 años.
El
impuesto de actividades económicas (IAE) que pagan las empresas e industrias
radicadas en Riba-roja al ayuntamiento están sujetas, en un porcentaje fijado
previamente, para las arcas del organismo provincial. Sin embargo, durante los
años 1999 y 2014 el equipo de gobierno del ex alcalde Francisco Tarazona, del
PP, no lo ingresó como establece la legalidad vigente. Por tanto, la Diputación
de Valencia se ha dirigido al actual gobierno de Riba-roja para satisfacer la
deuda global, cifrada en 575.865 euros.
Entre
las deudas que ha reclamado la diputación al Ayuntamiento de Riba-roja figuran
cantidades dispares entre los tres lustros -1999 y 2014- en los que se
acumularon las cantidades reclamadas. Así, las cantidades oscilan entre los
4'36 euros del año 1999, los 39'10 euros del año 2000, los 73'11 euros del
ejercicio de 2002 o cantidades más elevadas como los 1.886 euros del año 2010,
los 21.612 euros del ejercicio de 2012 o, por último, los 110.330 de 2012 o los
209.858 euros del año 2013.
En
ninguno de los casos detallados, el ejecutivo de Tarazona cumplió con su
obligación de pagar la parte fijada por el impuesto que cobraba el ayuntamiento
a las empresas a pesar de que el propio ex alcalde de Riba-roja de Túria gestionó
diversas parcelas en la diputación valenciana en su condición de diputado
provincial, en la que se encargó del área de Bomberos.
El pago
de la deuda total pendiente era una condición obligatoria para los
ayuntamientos que quisiesen recibir subvenciones y ayudas de la Diputación de
Valencia incluidas en el programa de inversiones financieramente sostenibles
(IFS), a través de la presentación "de
un compromiso de aprobación de un plan de pagos con la Diputación"
que, finalmente, el consistorio de Riba-roja de Túria ha suscrito.
El
alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha lamentado que el anterior gobierno del
Partido Popular "incumplía la
obligación de pagar una parte del impuesto que recaudaba el ayuntamiento a la
diputación sin ningún motivo razonado ni argumentado y ahora nos vemos obligados
a dedicar una parte considerable para satisfacer el débito que teníamos
contraído y, por tanto, esa cantidad la hemos tenido que detraer de otros
conceptos a los que lo podríamos haber destinado como las políticas sociales o
los programas de ayudas para la creación de empleo".
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