El Ayuntamiento de Sagunt se hará cargo de la deuda de la Fundación Patrimonio Industrial para poner en marcha el Horno Alto y el Museo del Port

El edil de Patrimonio en el pleno. EPDA

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt ha aprobado el reconocimiento de la deuda de la Fundación Patrimonio Histórico-Industrial de Sagunt, con el fin de poner en valor cuanto antes el legado del núcleo del Port. Para ello, el Consistorio deberá abonar los 380.000 euros que suman la deuda de la institución y el finiquito de los trabajadores que componen la fundación, y a continuación poner en marcha toda la maquinaria como es la reapertura del Horno Alto, la inauguración del Museo Industrial y la custodia de todos los archivos y elementos históricos de la siderurgia del Port.

El partido de ADN Morvedre, partido del edil de Patrimonio, Pablo Abelleira, ha sido el que ha llevado al pleno esta propuesta aprobada por los cuatro grupos del equipo de gobierno (Compromís, EU, PSPV-PSOE y el propio ADN Morvedre), y los tres concejales de Iniciativa Porteña. Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

Desde que la propia Fundación cambiara los estatutos para convertir al Ayuntamiento de Sagunt en el principal patrón de esta institución en octubre de 2017, lo cierto es que la deuda que arrasta impedía su correcto funcionamiento, y por ende, la reapertura del Horno Alto y la puesta en marcha del esperado Museo Industrial. Ahora, con esta decisión adoptada en el pleno se pone fin a la paralización de la puesta en valor del patrimonio industrial del Port. “Ante la inversión y el esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento de Sagunt y la falta de iniciativa de los patronos privados y de la Administración competente, el Consistorio solicitó un cambio en los estatutos para hacernos cargo del patronato, y ahora presentamos un plan de viabilidad con una solución factible para poner fin a esta situación de quiebra”, ha argumentado el edil de Patrimonio, Pablo Abelleira, quien ha explicado en el pleno que el Ayuntamiento “debe habilitar de manera urgente, con una modificación de crédito u otra modalidad, la partida presupuestaria necesaria para el pago de la deuda y de las indemnizaciones por despido de los trabajadores de la Fundación que suma 380.000 euros”.

Cabe recordar que la Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunt tenía en su mayoría patronatos privados como Arcelor y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que dejaron hace años de pagar, y está bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana con la Conselleria de Industria como patronato público, y la Conselleria de Cultura en mayor rango. Estas instituciones autonómicas también han dejado de abonar su correspondiente anualidad, lo que llevó a la quiebra a la Fundación.

“Este patrimonio es moralmente de la ciudad y esta decisión política sirve para recuperar y desbloquear una situación de un patrimonio que lleva muchos años paralizado”, ha destacado el alcalde, Quico Fernández.

Informes contrarios

Sin embargo, la aprobación de este punto no ha estado exenta de polémica. Y es que tal y como ha afirmado el portavoz del PP, Sergio Muniesa, existen dos informes contrarios de Intervención y de la Secretaría General del Ayuntamiento que no avalan esta decisión. “Es un error asumir la incapacidad de otra administración, asumir unas competencias ajenas a las municipales”, ha apuntado Muniesa quien ha apostado por trabajar en otro tipo de solución “avalada técnica, jurídica y económicamente”.

En este sentido, Abelleira ha defendido que la única opción para poner en valor de manera inmediata el patrimonio industrial es la de “iniciar el proceso de regularización de la deuda y remunicipalizar la Fundación”.

Además, a propuesta de EU a través de su portavoz, Guillermo Sampedro, la propuesta ha añadido una enmieda de adición en la que se especifica que el Ayuntamiento iniciará los procedimientos pertinentes para fiscalizar los motivos que han llevado a la Fundación a la quiebra y recuperar para los fondos públicos la inversión realizada.

“La otra opción es recurrir a los juzgados y que este problema se alargue 10 años más. Es cierto que hay informes negativos, pero estamos hablando del mismo caso que el césped del Fornás, que también contó con informes negativos y el Ayuntamiento abonó la deuda”, ha detallado el edil de Contratación y portavoz de Compromís, Pepe Gil.