Rueda de prensa del alcalde con los portavoces de los partidos que apoyan la manifestación. EPDA El
próximo sábado 18 de noviembre, el Ayuntamiento de Sagunt participará en la manifestación por una financiación e inversiones
justas que tendrá lugar en València y que partirá a las 18 horas
desde la explanada del MUVIM en la calle Guillem de Castro. Así lo
ha hecho saber el alcalde de Sagunto, Quico Fernández, en la rueda
de prensa celebrada hoy en el consistorio a la que ha asistido una
representación de los grupos políticos que se adscribieron al
manifiesto aprobado en el pasado pleno municipal, es decir,
Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre, Iniciativa Porteña,
PSPV-PSOE y Ciudadanos.
Fernández ha hecho un llamamiento a
la ciudadanía a que participe en esta manifestación de toda la
sociedad civil a reivindicar esta justa financiación e inversiones.
“Es una postura de consenso y
unidad a la que se han podido adherir todos aquellos que han querido,
y quien no lo ha hecho está en su legítimo derecho y evidentemente
también de dar las explicaciones pertinentes”, ha declarado
el alcalde. Ha destacado esta unidad desde la diversidad “porque
pensamos que tiene que ser un acto de unidad sin lemas partidistas ni
consignas ni símbolos que sean ajenos a este espíritu de unidad que
se resume en el eslogantots
a una veu, que está
en el himno de todos los valencianos y valencianas, en lo que estamos
de acuerdo que son las cuestiones fundamentales”.
El manifiesto defiende que este año
la ciudadanía valenciana recibe 237 euros por habitante menos que la
media del Estado o 839 menos que la ciudadanía de la autonomía
mejor financiada, lo que equivale a un 10% i un 29% menos de recursos
respectivamente, lo que supone la causa fundamental de los mayores
déficits presupuestarios de la ciudadanía valenciana, generados año
tras año, a pesar de gastar menos que la media de las comunidades. A
esto se suma la infrainversión, lo que supone que la discriminación
alcanza los 1.600 millones de euros, solo comparándose con la media.
Por tanto, según el manifiesto, la
autonomía valenciana se encuentra en una situación insólita ya que
la renta per cápita es 12 puntos inferior a la media, lo que supone,
según Fernández, “ser una
autonomía más pobre que la media del Estado, pero en cambio
continuamos aportando al fondo de solidaridad, que no discutimos,
pero del cual tenemos que ser receptores y no contribuyentes. En una
política básica de solidaridad, tal y como apunta la Constitución,
los más pobres deben recibir y los más ricos contribuir y nosotros
somos los únicos que siendo más pobres seguimos aportando, cosa que
no es solo una singularidad en España, sino que también se ve en el
conjunto de Europa”.
El manifiesto continúa afirmando que
estas cifras significan que la ciudadanía valenciana se ve obligada
a hacerlo todo con menos recursos económicos. Ya en 2013 la Comisión
de Expertos nombrados por Les Corts Valencianes para el diseño de un
nuevo modelo de financiación autonómico señaló que el problema de
desigualdad y menor financiación recibido por la Comunidad
Valenciana se remonta al inicio de los sistemas de financiación
autonómico de la década de los ochenta.
El
actual Manifiesto
por una financiación justa que
han secundado más de 600 entidades valencianas, al cual siguieron
los acuerdos conseguidos por unanimidad en Les Corts Valencianes,
datados en febrero y abril de 2017, que denunciaban la marginación
de la ciudadanía valenciana en materia de financiación e
inversiones, exige una reforma inmediata del sistema de financiación
que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos
equitativamente entre todas la autonomías; un reparto de las
inversiones y una ejecución que atienda a una programación racional
que acabe con el déficit inversor en la Comunidad Valenciana, que
compense en todo caso la insuficiencia inversora en los últimos años
y dedique una cantidad de recursos ajustada a nuestro peso
poblacional y, por último, el reconocimiento del déficit de
financiación acumulado directamente por el mal funcionamiento de los
diferentes sistemas de financiación, y el establecimiento de
mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca
lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.
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