El Ayuntamiento de Valencia está personado como acusación particular en la investigación de los contratos municipales durante el gobierno de Barberá

Una vez levantado el secreto de sumario de la pieza separada del caso Taula que investiga algunas de las contrataciones del Ajuntament durante el gobierno de Rita Barberá, el juzgado de instrucción número 18 de València ha resuelto favorablemente sobre la personación en el caso del Ajuntament de València como perjudicado directo de aquellas actuaciones. Hace ahora un año, tan pronto como se conocieron las investigaciones, se solicitó la personación a raíz de una moción suscrita por el alcalde, Joan Ribó.

Según ha expresado el alcalde Joan Ribó, “El Ajuntament de València defenderá en todo momento los intereses de la ciudadanía y de la administración. Por eso desde el primer momento solicitamos la personación en este caso para ejercer la acusación particular y poder defender de forma directa la recuperación de todo el dinero que cualquier acción irregular de los gobiernos municipales anteriores haya podido robar a la gestión óptima de esta ciudad”.

Con la personación en el caso, el Ajuntament de València tendrá acceso a todas las novedades que deparen las investigaciones judiciales sobre toda una serie de posibles delitos, tales como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho, en relación con expedientes de contratación de obras realizados por el equipo de gobierno del PP de Rita Barberá, para limpiar y mantener las fachadas de la Lonja, la consolidación de las Torres del Portal de Quart, la construcción y explotación del centro cultural La Rambleta, la restauración de los puentes de Serranos y de la Trinidad y contratos de servicios relacionados con la Mostra de Cine.

Joan Ribó ha recalcado que “es una obligación de este Ayuntamiento estar al frente de la lucha contra la corrupción y recuperar hasta el último céntimo robado a los valencianos y a las valencianas”.

La personación del consistorio se solicitó el 30 de septiembre pasado, después de que la Junta de Gobierno Local lo acordara a petición del alcalde unos días antes, tan pronto como se conocieron las investigaciones al presentarse la Guardia Civil en el ayuntamiento para recopilar información sobre los contratos mencionados.