Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que hoy
destrozan las vidas de miles de personas en España no han caído del cielo. Son
la consecuencia de unas políticas públicas aprobadas por PSOE y PP en distintos
gobiernos, caracterizadas por especular con la vivienda, impulsar el
sobreendeudamiento de la población, sobreproteger los intereses de la banca y
por sus intereses partidistas.
La burbuja inmobiliaria estallo hace más de 4 años.
Desde entonces venimos denunciando el genocidio financiero que se está
cometiendo en este país. Donde existen miles de ejecuciones hipotecarias y más
de 500 desahucios al día, donde el proceso de ejecución hipotecaria genera
deudas ilegitimas que condenan a la población de por vida, donde una ley
perversa deja a las personas en absoluta indefensión, y donde nos encontramos
con el sin sentido de que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras
miles de familias se quedan en la calle sin realojo alguno. Sin embargo, en
todo este tiempo ni el gobierno del PSOE ni el del PP han implantado medidas
suficientes para acabar con esta emergencia social. Al contrario, se han
limitado a aprobar rescate bancario tras rescate, destinando miles de millones
de euros a unos bancos irresponsables y haciendo brindis al sol, mientras se continúa
desahuciando a las familias.
Las pocas medidas aprobadas hasta la fecha para
intentar mitigar esta cuestión, por los gobiernos de PSOE y PP, han sido un
absoluto fracaso desde el punto de vista de la gran mayoría de afectados.
Dentro de estas medidas se encuentra la aprobada ayer en el pleno municipal de
Alaquàs, que fue la firma del Fondo Social de Viviendas para Afectados por los
Desahucios impulsado por la Federación española de Municipios y Provincias..
Esta medida no es ni tan siquiera un parche para
paliar la dramática situación de la gran mayoría de personas desahuciada o en
proceso de ejecución hipotecaria de nuestra ciudad, y muchísimo menos ataca a
las cuestiones de raíz de esta situación. Esto es debido, en primer lugar al
escaso número de viviendas, solo 6.000 en todo el Estado, que se pondrán a
disposición de los afectados por los desahucios y que hará que los dos pisos
puestos a disposición en Alaquàs sea insuficiente para el gran número de
afectados con los que desgraciadamente cuenta nuestro pueblo.
El portavoz del Bloc-Els Verds, Vicent Forment,
considera que las condiciones para acceder a esta ayuda son excesivas y muy
restrictivas, no pudiendo acceder a ellas la mayoría de los afectados. Según el
convenio aprobado ayer con los votos a favor del PSOE y el PP de Alaquàs, la
cuantía de estos alquileres estará entre 150 y 400 euros, no simbolizando estas
cantidades lo que verdaderamente significa un alquiler social, ya que son
precios de mercado y sobrepasan, en la mayoría de los casos, el 30% de las
rentas de los afectados. Y por último que no da solución a la deuda generada
por la subasta en el proceso de ejecución hipotecaria.
Para el Bloc-Els Verds de Alaquàs esta medida va más
encaminada a que entre toda la ciudadanía asumamos el pago de los activos
tóxicos de los bancos y las posibles reformas futuras que esos bancos deberán
hacer en esas viviendas que de solucionar de forma eficaz los problemas de la
vivienda.
Para finalizar, queremos recordar tanto al Partido
Popular como al Partido Socialista de Alaquàs que si realmente quieren empezar
a resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, se
dejen de este tipo de medidas que muy poco o nada solucionan estas cuestiones,
y que sus partidos aprueben de forma inmediata e íntegramente la Iniciativa
Legislativa Popular para modificar la ley hipotecaria, que fue admitida a
trámite gracias a la presión social y que propone: la dación en pago
retroactiva, por la cual la deuda contraída con la entidad financiera quedaría
saldada con la entrega de la vivienda; la moratoria inmediata de los desahucios
de viviendas habituales y alquiler social de las viviendas que de forma
ilegítima acumula la banca. Éstas son medidas de mínimos que resolverían los
problemas más graves y urgentes de la población afectada y que se tiene que
aprobar de forma inmediata para frenar la sangría de los desahucios.
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