El pleno del Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria
Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana. El texto
pretende otorgar el reconocimiento social, el restablecimiento de la
dignidad y el honor y la reparación moral de los daños causados a las
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
La futura norma se basa en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
por la que se reconocen y se amplían los derechos de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura del
general Franco.
Además, el nuevo texto legal tiene una vocación pedagógica,
puesto que obliga a la Generalitat a que lleve a cabo iniciativas para
el conocimiento de la historia reciente y al fomento de la memoria
democrática.
El texto, que ahora se enviará a Les Corts y que cuenta con el
dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu, ha tenido en cuenta
otras normativas autonómicas como las ya aprobadas en Cataluña, Navarra,
País Vasco o Baleares o las que están en tramitación como en Andalucía y
Aragón.
Además, la norma se ha diseñado para cumplir con el mandato
contenido en los artículos 1.3 y 12 del Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana referidos al refuerzo de la democracia y a la
obligación de la Generalitat de velar por la protección y defensa de los
valores e intereses del Pueblo Valenciano.
La nueva ley regulará las políticas públicas para la
recuperación, protección y conservación de la memoria democrática
valenciana, pero también articulará una serie de actuaciones para el
reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la
represión en las tres provincias valencianas. Un reconocimiento
extensible también a los familiares de esas víctimas.
Promover los valores democráticos
El objetivo de la ley es promover los valores democráticos
mediante el recuerdo y el homenaje a quienes padecieron las
consecuencias del conflicto bélico y de la dictadura franquista.
Asimismo, busca recuperar para todas las víctimas tres derechos
fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a
la memoria. De esta forma, la norma se articula sobre estos tres
derechos más el reconocimiento público y homenaje a las víctimas.
El derecho a la verdad, implica la obligación de las
instituciones públicas de investigar, para promover la clarificación de
lo ocurrido en relación con las violaciones de derechos humanos durante
aquellos años.
La Ley de la Memoria Democrática consagra también el derecho de
las víctimas a que se haga justicia y, por ello, es obligación de las
instituciones adoptar las medidas que sean necesarias para que las
posibles violaciones de los Derechos Humanos no queden impunes.
Además, la ley pretende impulsar el derecho a la memoria
democrática como garantía de que aquellos hechos terribles no se
repetirán nunca más. Para ello, se debe apostar por una política pública
orientada a la consolidación de los valores de la convivencia
democrática y llevar a cabo iniciativas en materia de documentación,
testimonios, acciones institucionales y sociales para la formación de
una memoria crítica y democrática.
Finalmente, el derecho a la reparación y reconocimiento a las
víctimas supone por una parte, la obligación de las instituciones
públicas de compensar el sufrimiento de las víctimas y por otra, un
reconocimiento y homenaje público hacia ellas.
Plan Estratégico de Memoria Democrática
La ley establece que la Generalitat llevará a cabo un Plan
Estratégico de Memoria Democrática de carácter cuatrienal, en el que se
fijarán las actuaciones a llevar a cabo y se realizará un informe anual
sobre los trabajos realizados y que será remitido a Les Corts.
En este sentido, la Conselleria de Justicia ya ha creado una
Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de
vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. Este órgano estudiará y
valorará la retirada de estos restos así como los supuestos que
determinen la excepcionalidad que haga innecesaria tal acción.
Instituto Valenciano para la Memoria Democrática
La norma también prevé la creación del Instituto Valenciano
para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades
Públicas. Será un organismo autónomo encargado de realizar las labores
de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la
ley.
En él se integra el Consejo Valenciano de la Memoria
Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación del
movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana.
Otras disposiciones
En las disposiciones finales del proyecto de ley se establece
un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, para proceder
a la eliminación de elementos contrarios a los valores democráticos.
Por último, se solicita al Consell que requiera al Gobierno de España la
creación de una Comisión de la Verdad, al tiempo que prevé la creación
de una de ámbito autonómico.
Como novedad se incluye un régimen sancionador a fin de atajar
las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta ley, sin perjuicio de otras responsabilidades que
pudieran concurrir.
En definitiva, esta Ley pretende cumplir con las obligaciones
previstas en el derecho internacional respecto de las víctimas de la
Guerra Civil y del franquismo, y también con sus familiares. Al tiempo
que aspira a profundizar en los principios y valores democráticos.
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