El Juzgado para cláusulas suelo de Valencia celebrará los primeros juicios en septiembre tras recibir casi 1.200 demandas en mes y medio

Las cláusulas suelo abusivas que aplicaban numerosos bancos desbordan los juzgados en Valencia. El Juzgado de Primera Instancia 25 bis de Valencia, el llamado juzgado para cláusulas suelo, celebrará los primeros juicios en septiembre, tras recibir en mes y medio casi 1.200 demandas relativas a litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

El juzgado, creado el 1 de junio, ha señalado la primera audiencia previa para el día 11 de septiembre. En esta vista, según explica el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, “se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que considera procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen sólo prueba documental, y es previsible que en muchos casos sea así, el juicio quedaría visto para sentencia en esa vista. Si se propone otro tipo de prueba, habría que celebrar juicio otro día y nos iríamos a octubre”.

Viguer ha destacado la rapidez con la que el Juzgado de Valencia está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, pero ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla con otro juez y tres funcionarios para que el servicio público que se presta a los ciudadanos no se resienta.

Esta petición, aprobada en la Junta de Jueces de 1ª Instancia celebrada el pasado 29 de junio, ha sido respaldada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia esta semana.

Dos jueces y sesenta vistas semanales

El Juzgado para cláusulas suelo nació con un juez en prácticas, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y cinco funcionarios: dos gestores, dos tramitadores y un auxilio. Ha registrado una entrada de 1.200 causas en mes y medio, superando así el límite de 900 asuntos que fijó el Consejo General del Poder Judicial a partir del cual habría que reforzar el Juzgado. Por tal motivo, el decano de Valencia ha pedido otro juez y tres funcionarios más: dos tramitadores y un funcionario del cuerpo de auxilio, plantilla que considera suficientes hasta que se reciban 1.700 asuntos. Advierte, no obstante, de que “hay que estar muy atento a los número de entrada para ir solicitando los jueces, funcionarios y otros medios que se precisen progresivamente ya que el Juzgado puede hundirse en cuestión de semanas”.

A finales de septiembre, según las previsiones del CGPJ y coincidiendo con las primeras vistas ya señaladas, se incorporará un segundo juez en prácticas. Con dos jueces, el órgano, según el decano, deberá ser reforzado con tres funcionarios más: dos tramitadores para atender la entrada media de 40 demandas diarias y un funcionario más del cuerpo de auxilio para atender las 60 vistas o juicios que se celebrarán semanalmente. “Obviamente ello requiere utilizar dos salas con inevitables solapamientos de vistas que hacen imposible que un solo funcionario del cuerpo de auxilio pueda dar servicio para todos los juicios y vistas señalados”, explica el decano de los jueces de Valencia.

El triple de juicios ordinarios que en los otros 22 juzgados

El Juzgado especializado para las cláusulas suelo en Valencia, el 25 bis, ha recibido en mes y medio el triple de juicios ordinarios que el resto de los 22 Juzgados de Primera Instancia de la capital juntos. Así, mientras el 25 bis registró 1.182 demandas, en los otros 22 juzgados entraron, en conjunto, 399 demandas por juicios ordinarios.

Este tipo de procedimiento, el juicio ordinario, es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal..

Nuevas reuniones de coordinación

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado en su primer mes de funcionamiento es el de Madrid, seguido por Barcelona y Valencia.

El Consejo General del Poder Judicial, que con carácter previo a la puesta en marcha del plan ya mantuvo reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con una representación de los jueces decanos y con las Administraciones –Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia- para informarles de las medidas previstas y evaluar las posibles necesidades, ha continuado celebrando durante el mes de junio encuentros de coordinación.

Así, el 30 de junio los jueces decanos expusieron en la sede del Consejo cómo ha sido el funcionamiento de los Juzgados especializados en sus respectivos territorios durante el primer mes y evaluaron las medidas de refuerzo que podrán adoptarse después del verano. Los decanos han sido convocados a un nuevo encuentro el próximo mes de septiembre.

También en septiembre volverá a reunirse la comisión de coordinación CGPJ-Ministerio de Justicia-Comunidades Autónomas, que el pasado 31 de mayo ya celebró un primer encuentro durante el que las Administraciones se comprometieron a colaborar con el plan de urgencia.