El Grupo Popular de la Diputación de Valencia ha criticado que la nueva
distribución de las bases de las brigadas forestales de Divalterra que pretende
implantar el equipo de gobierno de Jorge Rodríguez se ha hecho de espaldas a
los ayuntamientos y sin haber sido sometido a la aprobación del consejo de
administración de la empresa pública.
Así lo ha
denunciado el diputado popular Rafael Soler, quien ha añadido que el órgano de
gobierno de Divalterra "ni trató ni acordó un plazo para que los municipios
adecuen las bases, ni que en caso contrario perderían las brigadas".
"Entre otras
cuestiones –ha continuado-, la obligación de dotar a sus trabajadores de unas
instalaciones dignas es de la empresa provincial, en ningún caso de los
ayuntamientos", por lo que ha instado a Jorge Rodríguez y a los cogerentes de
Divalterra a "aportar soluciones y desatascar la gestión en lugar de generar
problemas y trasladar la presión a los alcaldes bajo amenaza de retirar las
brigadas de sus municipios".
En este
sentido, ha propuesto que la Diputación a través de convenios con los
ayuntamientos se haga cargo del coste de adecentar aquellas bases que no cumplan
con las condiciones mínimas exigibles para el uso de los empleados de
Divalterra: "La mayoría de los locales cumple con los requisitos exigibles y
son pocos los casos en los que se incumple la normativa".
Soler ha
incidido en que "no se ha tenido en cuenta la opinión ni las necesidades de los
municipios en la planificación de las brigadas forestales, pero además no se ha
dado la oportunidad a los miembros del consejo de Divalterra de analizar y
votar la propuesta", elaborada por la Universidad Politécnica de Valencia.
"En la última
reunión del consejo de administración simplemente se dio cuenta de ese
documento, sin que hayamos podido trabajarlo y mejorarlo. No es cierto que se
haya aprobado, porque ni siquiera nos han dado la oportunidad de hacerlo, pero
además tampoco se hizo mención a la posibilidad de que algunos ayuntamientos
perdieran las bases si no las adecuaban", ha añadido.
Rafael Soler
ha subrayado que el estudio "no tiene en cuenta la ubicación estratégica de
algunas de estas brigadas, por ejemplo las de Sellent y Estubeny, que por su
posición y su rápida conexión con infraestructuras de comunicación como la A7
son de las más ágiles y rápidas en actuar y de las que más conatos de incendio
han detectado y sofocado en los últimos años".
Precisamente
estas son dos de las brigadas que la propuesta elimina, junto a las de
Torrebaja y Gátova, que son dos zonas con riesgo de despoblación.
Por otra
parte, Soler ha calificado de "torpeza mayúscula" la implantación de esta nueva
planificación "sin tener en cuenta la puesta en marcha de las brigadas verdes,
anunciadas a bombo y platillo en abril de 2016 y de las que no tenemos noticia,
cuando en las poblaciones donde se retiran las bases podrían mantenerse las
brigadas forestales como brigadas verdes".
El diputado
popular se ha referido al "enorme malestar" existente entre los alcaldes
afectados: "Ni desde Divalterra ni desde el equipo de gobierno de la Diputación
se han puesto en contacto con ellos para trasladarles esta decisión, de nuevo
arbitraria como ya es costumbre desde que gobierna este presidente".
Rafael Soler
considera que estamos ante "una nueva cortina de humo que se lanza desde el
entorno del presidente para tapar sus vergüenzas en la gestión de la empresa
pública, en particular tras las dos últimas contrataciones a dedo de dos cargos
socialistas afines".
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