El Grupo Popular del Ajuntament de Massamagrell pidió en el
pleno pasado un informe de legalidad sobre el decreto de adjudicación del
comedor de verano después de poner de manifiesto en el pleno de la semana
pasada "que el decreto de adjudicación se firmó a posteriori de iniciar el
servicio, como se afirma en el propio decreto por la técnica de contratación, y
reconocer públicamente el Secretario del Ajuntament en el propio pleno que es
un contrato ilegal", señalaron desde el PP local. Así, la responsabilidad "recae en la concejala y en el
momento de la firma alcaldesa en funciones Nina Sepulveda que, según palabras
del secretario, lo firmó bajo su responsabilidad después de advertirle", denunciaron.
"Esta ilegalidad se hubiese podido solucionar si los deberes
se hicieran antes, con tiempo y con programación y no apurando plazos, porque
luego pasa lo que pasa, y su mala gestión podría haber hecho que lo pagasen los
vecinos del pueblo que necesitan de este servicio y que son familias con
necesidades especiales", indicaron desde el PP de Massamagrell.
El PP pidió al alcalde que "solicite un informe del
secretario del ayuntamiento ante este hecho grave y reconocido en el propio
pleno de la semana pasada" y el Grupo Popular está a la espera de recibirlo y no
descarta "acudir a los tribunales a pedir responsabilidades penales ante lo que
califican como un hecho que puede ser constitutivo de un delito de
prevaricación".
Además después de "todo este desastre en la formalización de
este contrato, el Grupo Popular ha solicitado acceso al expediente dado que no
les quedó claro si se habían pedido tres ofertas como afirmó la concejala, dado
que en el decreto de adjudicación no se hace referencia a ninguna de ellas, y a
preguntas del concejal popular Miguel Bailach, ella afirmó que sí se habían
pedido más".
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