El grupo municipal popular ha presentado un punto al próximo pleno en el
cual reclama que se incie el procedimiento de lesividad contra el acuerdo
plenario que, con informes contrarios de Secretaría General, aprobó la
encomienda para la creación de una brigada de obras públicas. El PP exige al
gobierno bipartito que, atendiendo a los informes jurídicos restituya la
legalidad, para lo cual pide el apoyo en el Pleno del resto de formaciones
políticas.
El pasado 30 de noviembre de 2016, con votos a favor de los concejales del grupo socialista y Compromís; votos en contra de los Grupos EU, PASIP,
Ciudadanos y Popular, el Ayuntamiento de Paterna acordó encomendar a GESPA SLU
el mantenimiento de Vías Públicas con un coste anual de 876.669,21 euros. Dicha
encomienda se aprobó a pesar de los informes desfavorables emitidos por
Secretaría General, concluyendo de manera rotunda que “el expediente no reúne
los requisitos acreditativos necesarios para la adopción del acuerdo en los
términos que se propone”.
Dichos informes indicaban que el expediente adolecía
de diversos documentos imprescindibles para la toma del acuerdo, así como
impedimentos legales como es la limitación de contratación de personal del
Ayuntamiento y empresa pública derivados de la Ley de Presupuestos, “como
tampoco se encuentra justificada la forma de prestación escogida de
conformación a lo exigido en el art. 85 2 de LRBRL con datos medibles
cuantitativa o cualitativamente”, según expresaba en su informe la habilitada
nacional. Cabe recordar que la propia Jefa del Área de Infraestructuras también
propuso en fecha 29 de Noviembre la retirada del expediente a la vista de los
informes de Intervención y de Secretaria.
Pese
a los informes posteriores presentados por el gobierno municipal y gerente de
Gespa, llegado el momento de la votación la Secretaría General presente en el
Pleno se ratifica en las conclusiones de su informe señalando que “salvo la
rectificación del importe del mes de diciembre, que se ha reducido a un mes, el
resto del informe se mantiene en la forma en que ha sido emitido”.
De
todo ello se deduce que, pese a las advertencias de los habilitados nacionales,
la encomienda fue aprobada por el Pleno haciendo caso omiso a la figura
responsable del asesoramiento legal preceptivo, lo que entendemos supone una
decisión arbitraria por parte de los concejales que apoyaron el acuerdo, que
puede contravenir el ordenamiento jurídico además de suponer un perjuicio para
los vecinos de Paterna.
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