El Partido Popular de la localidad de Serra, ha ejercido de
acusación popular contra el alcalde, Javier Arnal, un técnico municipal y dos
funcionarios y reclaman 6 años de prisión la inhabilitación temporal del primer
edil.
Ayer se celebró la primera sesión en la sección segunda de
la Audiencia Provincial de Valencia en la que se acusó a Arnal de certificar
unas obras de rehabilitación del castillo y que, al parecer, nunca se llevaron
a cabo.
La denuncia fue presentada hace cinco años por Consuelo
León, presidenta del PP de Serra y ex trabajadora del Ayuntamiento, una
denuncia que hoy en día la sostiene en solitario ya que, la denunciante
original ha renunciado a seguir en la causa.
Las obras en las que se centra este caso son las de la
rehabilitación del castillo de Serra y que el consistorio acordó con el
ministerio de Fomento que la subvencionaría con un montante de 100.000 euros,
en el momento de la firma y otro de 250.000 euros si se certificaba el avance de
las actuaciones y el pago municipal a la empresa que estuviese realizando las
obras.
El delito, según la acusación, se encuentra en la
certificación de obras que el ministerio pidió para abonar la segunda anualidad
de 100.000 euros y que el Ayuntamiento tuvo que devolver al comprobarse que las
obras no se habían ejecutado, entre otros motivos porque la Generalitat no
había dado su consentimiento. El PP afirma que las autorizaciones fueron
firmadas por el alcalde, el técnico municipal y dos secretarios.
Por su parte, el alcalde de Serra, ha admitido en su
declaración haber firmado dos de las tres certificaciones de obra que fueron
remitidas por Fomento, pero que la tercera, asegura que no reconoce la firma y
ha defendido que las autorizaciones “fueron correctas ya que no tuvieron ningún
informe negativo de la intervención porque "no certificaron obra no
realizada, sino que consistieron en adelantos a cuenta".
"El informe remitido a Fomento en el que se indica que
los trabajos estaban realizados y abonados me lo pasó a firma la denunciante, y
fue error mío no comprobarlo, aunque posteriormente el secretario me informó
del error y dimos cuenta a Fomento de que no se había pagado a la empresa adjudicataria
las cantidades indicadas", ha explicado Arnal.
Según su testimonio, la actual presidenta del PP local y ex trabajadora
del Ayuntamiento le dijo que "era urgente firmarlo para seguir con la
tramitación de las subvenciones".
El fiscal pide un año de inhabilitación para el alcalde y
una pena de seis años para el ingeniero municipal, además de sendas penas de un
año y nueve meses de inhabilitación, respectivamente, para los dos secretarios
procesados.
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