El
sindicato SPPLB de Tavernes de la Valldigna denuncia la persecución sufrida por los
4 policías locales que fueron expedientados y cuyas sanciones fueron
anuladas por varios Juzgados de lo Contencioso Administrativo de
Valencia. Todos ellos fueron tramitados por los mismos Inspectores,
que casualmente días después de ser nombrados vieron anuladas sus
oposiciones por sentencia también estimada al SPPLB y recurrida por
el Ayuntamiento.
Los
juicios tuvieron lugar en las fechas 9 de enero de 2018, 15 de
febrero y 2 de julio de 2018, y de ellas se derivó la absolución de
los policías afectados por varios vicios graves en el procedimiento,
como era la vulneración del derecho de defensa y la ausencia de
abstención del Secretario en uno de ellos a pesar de tener interés
directo en el asunto.
Las
sentencias son firmes al no rebasar las sanciones importes superiores
a los 30.000 euros como fija la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, pero no contento el Ayuntamiento de Compromís con
las sentencias firmes de absolución, decidió recurrir las dos
primeras, destinando dinero público a perseguir la estabilidad
laboral y sostenibilidad familiar de los funcionarios, demostrando
interés malicioso en el asunto.
Recordemos
que en otras ocasiones fueron denunciados por varios sindicatos
hechos que demostraban actuaciones motivadoras de expedientes para el
Jefe de la Policía Local y los mismos Inspectores que instruyeron
los expedientes en cuestión, no llegando la que era Concejala de
Seguridad Ciudadana, Llum Sansaloni, ni a tan siquiera a
investigarlo. Pero en cambio ante la petición de expediente frente a
los Policías de la escala básica, la respuesta es iniciarlos de
inmediato y no respetar sus derechos fundamentales.
La
sorpresa de este sindicato ha sido la actitud de este Gobierno en no
conformarse en una sentencia judicial que pone al juez como actor
neutral de hechos que afectan al sustento de cada una de las familias
de los policías afectadas y a los que les ha dado la razón, sino
que lo que ha buscado es, aun siendo firmes y sin posibilidad de
recursos, utilizar dinero de los contribuyentes para sufragar los
gastos de abogados del Ayuntamiento que ascienden por los juicios ya
celebrados a más de 12.000 euros por el momento, casi más que el
importe de las sanciones impuestas a los Policías Locales, con el
único objetivo de perseguir las nóminas de los policías afectos.
Pero estos recursos solo han servido para malgastar dinero, pues no
cabía la posibilidad de presentarlos y así les han sido respondidos
por el tribunal.
En
opinión de este sindicato, ello demuestra arbitrariedad y
discriminación en la iniciación de expedientes, que se reservan a
solo un sector de funcionarios a los que se persigue castigar,
actitud vergonzosa y de poco servicio público que utiliza el erario
público para fines oscuros.
Al
sentenciar los Juzgados que se han vulnerado los derechos de los
Policías Locales defendidos por el SPPLB, suponemos que el
Ayuntamiento con el mismo celo revisará y corregirá según el
régimen disciplinario, las actuaciones de los funcionarios que como
Instructor y Secretario actuaron de esta forma irregular que tanto ha
costado económicamente al Ayuntamiento con el importe indicado,
además de la condena en costas en los tres procesos judiciales.
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