El Tribunal Supremo (TS) ha
condenado al Ayuntamiento de Sagunto a pagar cerca de 5 millones de
euros a los propietarios del solar ubicado detrás de Ciudamar en
Puerto de Sagunto. El TS ha dado la razón a los dueños de estos
terrenos, que presentaron un recurso de casación contra la
resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV), y ha obligado al Consistorio a expropiar este
salor por un valor de 3.800.000 euros, que más los interese hace una
suma de cerca de 5 millones de euros.
Según ha afirmado el alcalde, Francesc Fernández, "estamos
delante de una actitud deliberadamente irresponsable por parte del PP
y evidentemente de IP, que participó también en esta maniobra que
ha obligado al Ayuntamiento a un proceso de expropiación de unos
terrenos que iban a tener un coste cero para las arcas municipales".
Y es que según ha detallado Fernández, cuando él mismo ocupaba
la Concejalía de Urbanismo durante el tripartito de Gloria Calero,
"se dotó al dotacional de una volumetría para compensar a los
propietarios y el resto quedárselo el Ayuntamiento. Los propietarios
aceptaron la propuesta y esto hubiera supuesto para el Consistorio
coste cero". "Pero, continúa el actual primer edil, en
2007, cuando gobernaba el PP, presionado por IP, decidieron paralizar
todo el proceso y no continuar facilitando la información a la
Conselleria. En 2009, el equipo de gobierno tiró adelante con el
Borde Norte y fue cuando los propietarios pidieron la expropiación,
porque ellos ya tenían una solución, y se pone en marcha el proceso
de expropiación", comenta Fernández.
Ante esta situación, "y por la falta de acción del PP",
la Conselleria "de manera expresa caduca el expediente de la
recalificación urbanística el 26 de abril de 2010", afirma el
alcalde. "Desde la oposición hemos advertido al PP de los
riesgos que suponía esta actitud, porque nos han puesto en un riesgo
que podría haber sido inasumible por este Ayuntamiento", ha
matizado el primer edil.
En este sentido, Fernández ha recordado que los propietarios
reclamaban 45 millones de euros, y que el TSJCV encargó un périto
judicial para la valoración de los terrenos, que estimaba que valían
23 millones de euros. "Si hubiera salido esta cantidad, el
Cosistorio se hubiera declarado en ruina. El desastre podría haber
sido más grave", ha subrayado Fernández.
En estos momentos, la parcela es una unidad de ejecución de
12.500 metros cuadrados, con un 15% edificable con una volumetría de
15.000 m2/techo. El Ayuntamiento adquiere con la expropiación una
superficie dotacional de 10.500 metros cuadrados, que se convertirá
seguramente en una zona verde, y una volumetría de 12.500 m2/techo,
que pasará a ser bien patrimonial para su venta. El resto de la
volumetría se lo quedan los propietarios que no han reclamado la
expropiación (un 25% de los dueños).
El equipo de gobierno incluirá esta deuda, los cerca de 5
millones de euros, en los próximos presupuestos de 2016.
Por su parte, el portavoz de EU, Guillermo Sampedro, ha declarado
que "no sólo se hizo una mala gestión, sino que también se
actuó con mala fe, imagino que por presiones de IP, y ahora tienen
que dar explicaciones, porque si en vez de los 3,8 millones hubieran
sido los 23, hubiera supuesto la quiebra inmediata para este
Ayuntamiento".
Comparte la noticia
Categorías de la noticia