Cuartel de la Policía Local de Riba-Roja. //EPDA El juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de
Valencia del Tribunal Superior de Justicia ha acordado el archivo del recurso
de apelación que interpuso el ex intendente principal del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria en contra de una sentencia previa del mismo tribunal en la
que se avalaba la decisión del consistorio de denegar el reingreso a su puesto
de trabajo.
El fallo
del juzgado de lo contencioso declara "firme"
su decisión y contra la que no cabe ya un posterior recurso después de que el
denunciante decidiese no constituir la fianza que debía abonar para interponer el
citado recurso de apelación. El denunciante pretendía el reingreso al puesto de
intendente principal del Ayuntamiento de Riba-roja después de ocupar el mismo
cargo en comisión de servicios en el consistorio de Manises entre enero de 2015 y enero de este
año, fecha en la que venció la citada comisión.
El
litigio judicial arranca en julio de 2010 cuando el recurrente empezó a ocupar
el puesto de intendente jefe, en comisión de servicios, en el Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria hasta que en julio de 2012 pasó a desempeñar la plaza en
propiedad tras ganar un concurso-oposición. Posteriormente, en enero de 2015 el
denunciante solicitó su traslado al Ayuntamiento de Manises, en otra comisión
de servicios y para ocupar el mismo puesto, que vencía, justamente, en enero de
este año.
Sin
embargo, el nuevo de gobierno de Riba-roja -formado por el PSPV, Compromís y
Esquerra Unida- denegó la solicitud del empleado público y solicitó un
pronunciamiento de la sala, ahora aceptado, sobre los términos en los que debía
ser ejecutada la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba, justamente,
diversas plazas de trabajo -entre ellas la de intendente jefe-, y una subida salarial
decretada por el Partido Popular en 2010 que suponía aumentos medios del 3'2%,
muy por encima del 0'3% del índice de precios al consumo (IPC), recurrida en su
momento por el abogado del Estado.
El
Ayuntamiento de Riba-roja, en su contestación al recurrente, recuerda, además,
que se halla de baja temporal tramitada en el Ayuntamiento de Manises, que debe
solicitar posibles adeudos económicos por la baja en el citado consistorio y
que toda vez que la justicia se encargó de anular la creación de diversos
puestos de trabajo en la plantilla municipal -entre ellas la de intendente
principal- y le conmina a ocupar la plaza de agente de policía local para el
que fue nombrado mediante un decreto de alcaldía en febrero de 1989.
No
obstante, el ex intendente principal recurrió ante la sala de lo contencioso
administrativo que lo rechazó y avaló la decisión del Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria y el posterior recurso en apelación fue denegado por no haber
formalizado la obligatoria fianza económica.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que el fin del proceso
judicial "da la razón a la postura
que este equipo de gobierno ha mantenido desde siempre avalada posteriormente
por los tribunales ya que el Partido Popular no hizo de forma correcta la
relación de puestos de trabajo, con la creación de puestos de trabajo y un
aumento exagerado de los sueldos que el Tribunal Supremo se encargó de anular y
que ahora los empleados deben devolver".
El
abogado del Estado consideró, incluso, que se había dispuesto una jornada
partida e irregular a 29 trabajadores con incrementos retributivos de entre los
153 y los 697 euros y pluses económicos que oscilan entre los 11.323 euros al
letrado municipal por un factor complementario, factor de festividad a las
limpiadores con aumentos de entre 317 y 383 euros o, por último, dificultades
técnicas gratificadas con entre 674 y 2.560 euros.
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