El TSJ condena a Justicia por obstruir la labor parlamentaria del grupo popular

La Portavoz Popular de Justicia, María José Ferrer San-Segundo

El Tribunal Superior de Justicia ha condenado a la Conselleria de Justicia por obstrucción a la labor parlamentaria y por infracción constitucional al denegar la entrega de dos documentos requeridos por el Grupo Parlamentario Popular.

Así lo ha anunciado la Portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo interponente del recurso contencioso-administrativo. “Es la primera sentencia condenatoria contra el Consell, en concreto contra la consellera de Justicia Gabriela Bravo. La sentencia es clarísima: indica que la obstrucción es injustificable y además les condena no solo a entregar la documentación, una de las cuales fue presentada con posterioridad a la iniciación del proceso tras negar su existencia, sino también al pago de las costas procesales. Es la primera pero no será la última porque más parlamentarios han tenido que interponer procedimientos judiciales precisamente por infracción a la justicia que es algo que paradójicamente antes tanto se achacaba al anterior Consell”.

“Con esta sentencia se evidencia que se ha infringido no solo la transparencia de la que tanto hace gala este Consell sino directamente la legalidad administrativa y la legalidad constitucional”, ha apuntado la diputada popular.

Ferrer San-Segundo considera especialmente grave la sentencia tratándose de la consellera Bravo. “Si en general la ignorancia de la ley no puede alegarse por nadie, menos aún por quien es consellera de Justicia, consellera de libertades públicas que es lo que se ha infringido en este procedimiento según clarísima sentencia, que además ha avalado también el ministerio fiscal, y -además- es jurista y fiscal de profesión”.

Los dos documentos denegados son el informe del traspaso del anterior Consell sobre la situación de la Justicia, y otro sobre una auditoria interna. “No hay que jugar con la legalidad y vamos a seguir con esta línea de exigir comportamientos que antes parecían indispensables y ahora no. Este COnsell parece que tiene que ser condenado por los tribunales para practicar la transparencia. Han sido reiteradas las demandas, más de una decena, que hemos tenido que interponer simplemente para poder ejercer nuestra labor de fiscalización. Tratan de ocultar información y documentación”.