La
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13
años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos
entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje
del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.
El
Alto Tribunal Valenciano condena a la exconsellera de Turismo,
Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama
Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido
Herrero, a varios exaltos cargos de la Administración Autonómica y
a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita,
prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación
de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.
La
Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan
Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la
Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el
que estaban acusados.
En
la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal, considera
probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener
distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias
de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y
2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular,
alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos
administrativos de adjudicación de tales trabajos.
El
grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada
ex profeso para manipular concursos públicos y participar
activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los
adjudicatarios.
Las
mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales
para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con
terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al
lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando
partidas o facturando gastos inexistentes.
Tales
importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia
Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de
Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y
Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos
sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y
benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.
Estas
mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente
ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información
privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los
contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban
a su conveniencia.
La
sentencia, notificada hoy a las partes, recoge las siguientes penas
para los condenados:
FRANCISCO
CORREA:
13 años de prisión
Asociación
ilícita
3 años de
prisión
13.500 euros
de multa
9 años de
inhabilitación
especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa.
Tráfico
de influencias
(delito continuado cometido por particular como medio para cometer un
delito continuado de prevaricación)
1
año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación
de caudales públicos
(delito continuado)
6 años de
prisión
10 años de
inhabilitación absoluta
Cohecho
activo
3
años de prisión
Multa de 5.000
euros
8 años de
inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
PABLO
CRESPO SABARIS: 13
años y 3 meses
Asociación
ilícita
2 años y 6
meses de cárcel
Multa de
11.250 euros
7 años y
seis meses de inhabilitación
especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa.
Tráfico
de influencias
(delito continuado cometido por particular como medio para cometer un
delito continuado de prevaricación)
1
año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación
de caudales públicos
(delito continuado)
6 años de
prisión
10 años de
inhabilitación absoluta
Falsedad
documental
1
año y 9 meses de prisión
Multa
de 6.750 euros
Cohecho
activo
2
años de prisión
Multa de 2.400
euros
7 años de
inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
ÁLVARO
PÉREZ ALONSO: 12
años y 3 meses de cárcel
Asociación
ilícita.
18 meses de
prisión.
Multa de
11.250 euros
Tráfico
de influencias
(delito continuado cometido por particular como medio para cometer un
delito continuado de prevaricación)
1
año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación
de caudales públicos
(delito continuado)
6 años de
prisión
10 años de
inhabilitación absoluta
Falsedad
documental
1
año y 9 meses de prisión
Multa
de 6.750 euros
Cohecho
activo
2
años de prisión
Multa de 2.400
euros
7 años de
inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
ISABEL
JORDÁN
6
años de prisión
Asociación
ilícita
18 meses de
prisión
Multa de
11.250 euros
Prevaricación
administrativa
7 años de
inhabilitación
especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico
de influencias
ABSUELTA
Malversación
de caudales públicos
(delito continuado)
3 años de
prisión
7 años de
inhabilitación absoluta
Falsedad
documental
1
año y 6 meses de prisión
Multa
de 6.000 euros
CÁNDIDO
HERRERO MARTÍNEZ
4 años y cuatro meses de cárcel
Asociación
ilícita
16 meses de
prisión
5.850 euros de
multa.
Prevaricación
administrativa
5 años de
inhabilitación
especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico
de influencias
ABSUELTO
Malversación
de caudales públicos
1 año y 6
meses de prisión
3 años de
inhabilitación absoluta
Falsedad
documental
1
año y 6 meses de prisión
Multa
de 3.600 euros
MÓNICA
MAGARIÑOS PÉREZ
3 años de prisión
Asociación
ilícita
12 meses de
prisión
1.800 euros de
multa
Prevaricación
administrativa
5 años de
inhabilitación
especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico
de influencias
ABSUELTA
Malversación
de caudales públicos
2 años de
prisión
5 años de
inhabilitación absoluta
MILAGROSA
MARTÍNEZ
9 años de prisión
Prevaricación
administrativa
9 años de
inhabilitación
especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa
Malversación
de caudales públicos
6 años de
prisión
10 años de
inhabilitación
absoluta
Cohecho
pasivo
3
años de prisión
5.000
euros de multa
8 años de
inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
RAFAEL
BETORET 6
años de prisión
Prevaricación
administrativa
7 años de
inhabilitación
especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa
Malversación
de caudales públicos y falsedad documental
6 años de
prisión
10 años de
inhabilitación
absoluta
ISAAC
VIDAL
7 años de prisión
Prevaricación
administrativa
5 años de
inhabilitación
especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa
Malversación
de caudales públicos
4 años de
prisión
10 años de
inhabilitación absoluta
falsedad
documental
3 años de
prisión
2.700 euros de
multa
2 años de
inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
JORGE
GUARRO 4
años de prisión
Prevaricación
administrativa
5 años de
inhabilitación
especial
para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa
Malversación
de caudales públicos
4 años de
prisión
10 años de
inhabilitación absoluta
ANA
GRAU
3 años de prisión
Prevaricación
administrativa
4 años, tres
meses y un día de
inhabilitación especial
para
el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con
actividades propias de la contratación administrativa
Falsedad
documental
3 años de
prisión
900 euros de
multa
2 años de
inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
Malversación
de caudales públicos
ABSUELTA
ANGÉLICA
SUCH
Prevaricación
administrativa
ABSUELTA
JUAN
BOVER
Prevaricación
administrativa
ABSUELTO
La
Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro
Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños,
Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a
indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000
euros.
La
sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles
Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y
Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha
indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la
parte que les corresponde.
La
Sala de lo Civil y Penal prohíbe contratar con el sector público a
Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero,
Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael
Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda
comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad
Valenciana.
El
Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad
Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros
1.938.000 y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que
fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.
El
juicio por esta pieza separada del “caso Gürtel” comenzó en
marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después tras 65
sesiones.
Más información local y comarcal en www.elperiodicodeaqui.com
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