La secretaria municipal, junto a Rus y el ex alcalde de Massalfassar. FOTO DIVAL La secretaria municipal del Ayuntamiento de Massalfassar y el alcalde hasta el pasado mes de mayo, Joaquín Soler (PP), ya han declarado en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación en el juzgado de Massamagrell, tras una denuncia de un funcionario. Este hecho ha dejado al descubierto una situación de extrema gravedad en el Ayuntamiento de Massalfassar, pequeño municipio de l’Horta Nord donde el 50% de los funcionarios han cogido en el último año la baja por ansiedad o depresión en algún momento.
La conflictividad laboral tiene su origen, según fuentes municipales consultadas por El Periódico de Aquí, en el hecho de que, según recoge la denuncia del funcionario y que ha asumido el fiscal, ‘‘se dictaban resoluciones administrativas al margen del ordenamiento jurídico’’. Y éstas, en tres ámbitos, el de las retribuciones de los funcionarios del Consistorio; el de la contratación de servicios sin expedientes previos y sin seguir lo que marca la ley -afectaría presuntamente a los ofrecidos por el arquitecto municipal, el ingeniero y el asesor urbanístico- y en tercer lugar afectaría al ámbito de la recaudación de los impuestos.
Tras declarar la secretaria y el ex alcalde, los próximos días 15 y 29 de abril será el turno de los testigos, en total 5 funcionarios y 2 ex funcionarios.
Independientemente de cómo acabe el proceso judicial, lo cierto es que en el Ayuntamiento de Massalfassar se ha producido una ‘‘profunda división’’, según las mismas fuentes, entre los que defienden a la secretaria y quienes le acusan de haber actuado presuntamente al margen de la ley y guiándose por favoritismos. De hecho, de los 15 funcionarios 7 han estado de baja en algún momento en el último año. Así, de los 10 policías, han estado dos policías, incluido el jefe del cuerpo local; los 4 administrativos y el auxiliar, así como también la persona que hace trabajo de la antigua figura de alguacil.
Viene de lejos
El conflicto viene de largo, ante la ausencia de un convenio colectivo para los funcionarios y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que regule las funciones y los sueldos de cada funcionario. Según el grupo de funcionarios enfrentados con la secretaria municipal, el complemento específico se establecía ‘‘de manera arbitraria’’, dándose la circunstancia de que ‘‘dos policías en segunda actividad tuvieran una diferencia de sueldo de 300 euros o que la secretaria tuviera más de un complemento específico de 3.200 euros al mes’’. Otro motivo de queja estaba en el concepto de productividad, ‘‘pues era el alcalde quien lo decidía y todos los funcionarios tenían aplicada la misma cantidad, independientemente del trabajo real de cada uno’’.
Esta olla a presión ha acabado por explotar en este Ayuntamiento de la comarca de l’Horta Nord, con una plantilla de funcionarios totalmente dividida.
El Periódico de Aquí intentó recabar la opinión al respecto del actual alcalde, Carles Fontestad, de Compromís, sin éxito al cierre de esta edición.
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