El alcalde de Gilet, Salva Costa. EPDA Desde
el inicio de la legislatura, en junio de 2011, si algo ha
caracterizado a este equipo de gobierno, ha sido las ganas de hacer
partícipe a las fuerzas políticas, representadas en el
ayuntamiento de cualquier iniciativa, que pueda redundar en un mejor
bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Desde un principio, se le
encargó al representante de Izquierda Unida, el tema de la
participación ciudadana, por considerar fundamental este aspecto en
la nueva política municipal. La dilación en la aprobación de
normas, que regularan dicha participación, impidió la operatividad
del consejo municipal, pero desde que se solucionó el problema
procedimental, han sido varias las reuniones que se han realizado, y
en ninguna de ellas, se ha suscitado el problema del IBI como algo
imprescindible, su revisión, para la gestión municipal. Quizá el
no asistir a las reuniones del consejo, impida palpar las
inquietudes de los representantes vecinales,
Pero
vayamos al tema concreto del IBI. En el año 1987 se realizó una
revisión catastral, cuya implantación total finalizó en el 1997,
y que dio lugar a un valor medio de los inmuebles de Gilet de 29.744
euros, en el año 2011, pues desde el 97 al 2011 se fueron
prorrogando los valores, con las subidas previstas en los
presupuestos estatales, hasta la revisión que entró en vigor en
enero de 2012. La alcaldesa del 2009, solicitó una nueva revisión
catastral ya que los valores medios referidos anteriormente, le
parecieron ridículos a toda la corporación, en la que ya estaba
representada la fuerza política de Compromís. Durante dos años se
realizaron los trabajos de revisión, y en mayo de 2011 se comunica
al ayuntamiento que ya se disponen de datos, que hacen que el valor
medio de los inmuebles de Gilet pase a ser de 74.602 euros, cifra que
a nadie de los que formábamos parte de la Corporación
nos pareció descabellada.
Tras
las elecciones de 2011 se da a conocer la totalidad de la ponencia de
valores, elaborada por el Centro de Gestión Catastral, y es cuando
se pone de manifiesto la gran diferencia de valoración entre algunas
zonas de nuestro término municipal. Inmediatamente, el grupo
socialista inicia una serie de gestiones, para tratar de enmendar lo
que creemos que se debía ajustar. Se solicitan reuniones de los
concejales con los técnicos del Centro
de
Gestión Catastral, se le pide al alcalde que alegue en los periodos
marcados por los anuncios oficiales, se presentan alegaciones, se
recogen firmas, nos reunimos unilateralmente con el gerente del
Catastro, convocamos con nuestras firmas un pleno extraordinario,
pero todo es baldío ante el empecinamiento de la mayoría gobernante
de seguir adelante con el proceso y dejarlo todo, como declaraba la
concejala de Hacienda y el propio alcalde, a ir modificando el tipo
de gravamen.
Después
de todo este proceso, el grupo socialista intenta, tanto en el 2011
como en el 2012, modificar el tipo de gravamen pero todos los
informes del Ministerio de Hacienda como de la Secretaría
interventora, nos instaba a esperar a la vigencia durante cinco años
de los valores aprobados en el 2011 y que entran en vigor en el
2012.
Pues
bien hace unos dias que se han cumplido esos cinco años y es AHORA
cuando nos debemos de plantear qué hacer y como hacerlo. No son
suficientes buenas intenciones. Si nos han elegido los ciudadanos y
ciudadanas es para tomar decisiones con base legal y sin riesgos de
recursos, que seguro que los habrán. No puede ser que existan zonas
que se valoren a 537 euros el metro de solar y otras a 43 euros, debe
existir otro término medio. Que nadie ponga en duda las intenciones
del equipo de gobierno, que son las de favorecer en todo lo posible
al bolsillo de sus contribuyentes.
Iniciamos un proceso que debe ser participativo, pero que no puede
menoscabar la economía municipal a niveles de impedir su normal
funcionamiento. Los números ya están hechos, cualquiera los puede
hacer, ya que a nadie se le impide, y más si es concejal o
concejala, el acceso a las cuentas municipales. Todo lo que hemos
intentado ha sido en vano por extemporáneo y no sujeto a la
legalidad.
Y
para finalizar una reflexión, cuando realicemos una propuesta en
todo este proceso, primero cojamos en nuestras manos nuestro recibo
del IBI y comprobemos el valor catastral que nos han asignado, con el
fin de valorar si es justo o no, si es precio de mercado o está
desfasado, o sobrevalorado. Sólo así, con un ejercicio de
sinceridad propio y personal podremos avanzar. Debemos de dejar a un
lado nuestro interés personal y pensar colectivamente en un proceso
que ha creado grandes desigualdades.
Al
final , a través de los mecanismos de participación que ya hemos
puesto en marcha, se tomarán las decisiones, sin que por ello
pongamos en peligro, no solo fiestas, a las que siempre se refieren
IU y Compromís, sino el Plan de Empleo, Xarxa llibres, la nueva
política cultural, el mantenimiento de nuestras zonas recreativas,
etc….
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