Sancho, en el centro, en un pleno. FOTO EPDA El pleno municipal de Canet d’En Berenguer volvió a debatir sobre la situación del funcionario municipal, Abel Asins, tras saberse que cobra su salario base sin ir a trabajar. El ex alcalde socialista, Octavio Herranz, responsabilizó de lo ocurrido a los servicios jurídicos del Consistorio y preguntó al alcalde y al secretario municipal, José Antonio Sancho, en base a qué informes se tomó la decisión en el año 2006 de suspender sin sueldo ni empleo al técnico acusado de quedarse con dinero de licencias municipales.
En una primera intervención, Herranz criticó al alcalde, Leandro Benito (PP), por no haber respondido a sus escritos por registro de entrada referente a este asunto desde junio, a lo que Benito respondió: ‘‘Roza el ridículo, pues usted lo sabe mejor que nadie. Se habló en la junta de portavoces’’ y recordó que María Amor Uviedo (EU) ‘‘se asesoró hablando con el secretario’’.
En ese punto, Herranz le recordó que tanto PSPV como EU son partidarios de que Abel Asins se reincorpore a su puesto de trabajo, ya que está cobrando.
En su turno de réplica, el alcalde recordó que ‘‘fue el tripartito en el año 2006 quien lo apartó erróneamente y ahora hay una sentencia que dice que hay que indemnizarlo y su readmisión. Nosotros acatamos la sentencia, que nos permite apartarlo de empleo. Tenemos suficientes funcionarios y no se llevaría bien con sus compañeros. Además, si trabajara tendríamos que doblarle el sueldo’’. Por tanto, esta es la decisión del equipo de gobierno hasta que haya sentencia por la vía penal.
Octavio Herranz volvió a insistir cuando le tocó el turno, al aclarar que él no estaba en el 2006 y pasó a preguntar en ‘‘base a qué informes del Ayuntamiento, se le apartó de empeo y sueldo. Supongo que algún técnico haría algún informe’’, manifestó dirigiéndose al secretario municipal, que se sienta a su lado, ‘‘porque en un tema tan serio nadie del PSPV, EU y Bloc tomarían la iniciativa por motu propio’’.
Tan aludido se sintió el secretario municipal, que quiso intervenir en ese punto, al recordar que ‘‘la sentencia si es un encargo del Ayuntamiento, la tiene que pagar y la culpa es de quien la encargó’’. Y a renglón seguido descargó las culpas en dos concejales socialistas de la época, ‘‘Julián Giménez y Reme’’ Torres, a los que dijo que estuvieron mal asesorados por Joaquín Rambla. Según Sancho, él dijo que había que acudir por la vía penal - ‘‘si se devolvía en 10 días se cancelaba el tema’’- o por la administrativa, pero ‘‘bastaba que el secretario dijera eso para que se hiciese lo contrario y se optó por las dos vías’’. Este hecho motivó que en el turno del público respondiera Rambla al darse por aludido.
Herranz volvió a insistirle al secretario que no podía ser que se tomara decisiones de tal calibre sin un informe por escrito de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, representados por el proio Sancho.
Una vez terminado el pleno, Sancho se marchó y se quedaron los concejales para escuchar al público asistente. El primero en intervenir fue Rambla, quien acusó a Sancho de ‘‘tener muy poca vergüenza de acusarme de manipular a dos concejales’’ y recordó que él llegó al Ayuntamiento en mayo de 2003 y en unos meses ‘‘se me tiró por una incompatibilidad ilegal sin haber ningún informe jurídico y todavía sigo pensando que no había tal incompatibilidad y todo fue fruto de que no entré en el juego del secretario en un PAI mío’’. Viejas rencillas que volvieron a salir a la luz pública una vez más.
Pago a urbanizador
Otra sentencia también enfrentó a Benito con Herranz, la referente a una reciente que condena al Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer a pagar a un urbanizador que limpió una zona y derruyó una caseta que presentaba peligro de derrumbe. El alcalde recordó que no era terreno municipal, pero criticó al propio Herranz, alcalde en la época y quien dio la autorización, porque ‘‘no había partidas ni informes y los técnicos valoraron las obras en 38.000 o 40.000 euros’’. El empresario fue a los tribunales y le dio la razón, incluso en el precio, 50.000.
Benito informó que se ha decidido pactar ‘‘y conseguir pagar las costas al 50% porque si se apela, se gana tiempo, pero se pierde dinero’’.
Herranz respondió inmediatamente y fue tajante: ‘‘lo que se hizo fue totalmente legal, los servicios jurídicos del Ayuntamiento redactaron el contrato y el alcalde se puso del lado de los vecinos, pues en la zona había ratas como conejos y la caseta que había era un peligro’’ y recordó que la idea era reclamar después al urbanizador de la parcela, pero el equipo de gobierno del PP desistió.
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