El exalcalde del PP de Alboraya presenta una querella contra la edil Carmen Peris por Infidelidad en la custodia de documentos y Prevaricación Administrativa

Vicente Ferrer y Manuel Álvaro, en rueda de prensa. EPDA

El presidente del PP de Alboraya, Manuel Álvaro, ha presentado en el juzgado número 4 de Moncada una querella contra Carmen Peris, exteniente de alcalde en los gobierno de PP y PSPV, fundadora de UPPA y recientemente incorporada a Ciudadanos, por los presuntos delitos de Infidelidad en la custodia de documentos y Prevaricación Administrativa.

La decisión de interponer la querella se toma tras aparecer, en febrero de este año, una grabación de la cámara de seguridad de la empresa pública Egusa en la que, según explicó en rueda de prensa el propio Álvaro, "se puede reconocer a Carmen Peris accediendo a las instalaciones en un día festivo, concretamente un domingo por la tarde desde las 17.21 horas hasta las 21.15 horas", dijo. Según las fuentes, la fundadora de UPPA iba acompañada en ese acceso dominical del entonces presidente de la empresa pública , Carlos Corella; de los ediles de esta formación política Vicente Martínez y Julián Ballester; de Justo Panach, integrante de la lista de UPPA de 2011 pero que no ocupa cargo público en el Consistorio; de Antonio Romero, contratado tras los comicios de 2011 durante un tiempo por la administración local; y de Víctor Soriano, quien también tuvo una relación laboral con el Ayuntamiento en tareas de comunicación con el gobierno del cuatripartito.

Con posterioridad a ese acceso, “se inició un largo proceso de acoso a Manuel Álvaro, que incluye un informe en el que se le achaca la desaparición de documentos de los archivos de Egusa”, aclaran las fuentes populares. El informe fue elaborado por el abogado penalista Pedro Nácher, según el PP “al dictado de Carmen Peris, como llegó a reconocer el alcalde, Miguel Chavarría en pleno”, apostilló Álvaro. Las fuentes subrayan que “llama la atención que para la redacción del informe el abogado no solicitó ni un solo documento al Ayuntamiento, ni figura registro de consulta alguna respecto a los expedientes que cita en el informe, y son muchos. En todo caso, el abogado alude constantemente a términos como ‘según me dice el equipo de gobierno’”.

Ante esta situación, la primera parte de la querella se refiere a la “Infidelidad en Custodia de Documentos”, y se interpone a fin de que “el juez investigue si se cometió delito por presunta desaparición de los archivos de Egusa, y si personas que no tenían responsabilidad en la empresa, como es el caso de Carmen Peris, pudieron entrar en los archivos de manera irregural”, señalan desde el Partido Popular de Alboraya.

Además, la querella también incluye la “Prevaricación Administrativa”, referida al proceso que inició Carmen Peris ante la Fiscalía contra Manuel Álvaro por unas supuestas ‘Confor Letters’ o cartas de conformidad, que fue desestimada. En aquella ocasión, según el PP, Peris “inició presuntamente un expediente vulnerando los derechos de Manuel Álvaro al saltarse los pasos previos como la preceptiva participación del interesado formulando alegaciones, la proposición de prueba, el trámite de audiencia y la petición de informes que resulten necesarios para adoptar la resolución”, apostillan las fuentes. La entonces teniente de Alcalde, Carmen Peris, “decidió qué documentos formaban parte del expediente administrativo, desechando las escrituras notariales de formalización de los préstamos en los que no constaba aval alguno, y que demostraban que eran perfectamente legales”, explicaron. “Por lo tanto –añadieron-, y siempre presuntamente, se dictó una resolución a propuesta de Peris siendo contraria a derecho, habiéndose omitido el procedimiento administrativo correspondiente a sabiendas de su injusticia”. Para los populares, “este sería un claro caso de prevaricación, doblemente grave si tenemos en cuenta que la concejala es abogada en ejercicio, y conoce, por lo tanto, los procedimiento legales mejor que nadie”

Las fuentes concluyen afirmando que “el PP de Alboraya ha pasado estos últimos años sometido a un acoso judicial continuado por parte de UPPA, Cialbo y Compromís, amparados todos en el informe Nácher y las actuaciones de Carmen Peris. A lo largo de estos años se han reunido las pruebas necesarias para iniciar este procedimiento y demostrar que las acusaciones contra Manuel Álvaro y el PP son falsas, tal y como reconocen las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación y la propia Sindicatura de Cuentas. Añaden que “desde que Carmen Peris vio truncadas sus aspiraciones a liderar el PP de Alboraya, inició una carrera de acusaciones y difamación contra su antigua formación, al tiempo que constituía un partido político que ahora se ha integrado en la marca Ciudadanos”. Y concluyen: “la querella servirá para demostrar cómo se han construido las acusaciones y dejar claro que no se puede instrumentalizar la justicia para tratar de derribar a un adversario político”. 

Para UPPA, la querella a Mamen Peris es "una maniobra política más del PP, política sucia, rastrera de la vieja y rancia casta política que pretende paralizar la integración Ciudadanos-UPPA porque el PP sabe que pierde Alboraya".

Ante la inminente apertura de juicio oral por 6 delitos contra Manuel Álvaro "hay un intento desesperado por desvirtuar la causa que se sigue contra él. Sobre la base de una supuesta grabación de seguridad de hace casi 4 años, Manuel Álvaro fundamenta su querella. A fecha de hoy el juzgado ya ha archivado la denuncia de las cámaras de seguridad", señalaron desde esta formación.

Las fuentes sostienten que Mamen Peris "no tiene ninguna obligación de custodiar documentos y nunca se ha llevado ninguno". "Nunca ha existido -añaden- ningún acceso ni irregular ni no autorizado ni por Mamen Peris ni ningún miembro de UPPA. Cualquier afirmación de este extremo es falsa y UPPA va a tomar cartas en este asunto directamente ya interponiendo acciones legales y exigiendo responsabilidades a quienes calumnien, injurien o denuncien falsamente. Entrar en domingo con llave del presidente de Egusa a trabajar no es delito y más con personas con responsabilidades de gobierno. Las imágenes no sabemos a quien corresponden porque no las hemos visto pero cuando los cargos públicos de UPPA han entrado lo han hecho de modo natural, sin esconderse, ni preocuparse de si hay cámaras o no, entrando con llaves para trabajar, del mismo modo que se entró en el Ayuntamiento durante los años de gobierno".

Remarcan que el juez instructor que lleva la causa contra Manuel Álvaro está pidiendo documentos. Y se preguntan: "¿Los tendrán? ¿Querrán presentarlos? La desaparición de documentos sólo puede beneficiar a Manuel Álvaro y sus colaboradores más próximos porque la documentación sólo puede compometerle a él".

Reseñan además que es "contradictorio" y "decae la querella" porque el último informe realizado en la comisión de investigación del PP y el PSOE por técnicos municipales y un abogado externo sobre los expedientes que están siendo investigados judicialemnte "nadie echó de menos ningún documento".

Respecto a la prevaricación administrativa en UPPA consideran que tampoco existe delito. "Es una mera cuestión administrativa pero nunca penal. Lo único que quiere Manuel Álvaro es venganza, desacreditación y persecución políitica contra Mamen Peris. La decisión de llevar a la fiscalia los avales que Manuel Álvaro firmó es de todo el cuatripartito, no sólo de Mamen Peris. Qué curioso que el PP no se quiera querellar contra el PSOE", afirman.

Las fuentes añadieron que Mamen Peris "va a poner en conocimieto del juez instructor que lleva la causa contra Manuel Álvaro la persecución y acoso político que viene soportando por parte del PP por cumplir lo que es obligación de todo servidor público, que es poner en conocimiento de la justicia toda actuación presuntamente delictiva que el servidor público conozca por razón de su cargo".

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