Reclamación Montealcedo. El
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria acumula ya el pago de hasta 6'4
millones de euros correspondientes a las sentencias judiciales y
deudas financieras heredadas de la época gestionada por el Partido
Popular al frente de la administración local, fijada entre los años
1995 y 2015. Esta cantidad puede alcanzar, sin embargo, los 42
millones de euros en materia de "riesgo
financiero"
sobre obligaciones y futuros litigios judiciales.
El
actual gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV,
Compromís y Esquerra Unida- ha tenido que afrontar los débitos y
los fallos jurídicos sobre diversos conflictos y litigios entre el
ayuntamiento y las personas físicas y jurídicas. Desde el principio
de legislatura, el consistorio local ha tenido que satisfacer deudas,
préstamos y obligaciones en diversos departamentos municipales.
La
primera de las obligaciones correspondía a los 2'3 millones de euros
que debía el ayuntamiento en virtud del préstamo que en su día
solicitó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el pago a los
proveedores. De los 3'8 millones percibidos para tal fin, a finales
de 2015 se abonaron los 2'3 millones de euros que aún faltaban para
satisfacer la totalidad del préstamo bancario.
A
los 2'3 millones del préstamo que se pagaron durante el primer año
de gestión de esta legislatura hay que añadir los cerca de 1'8
millones que se han abonado en virtud de las deudas y las distintas
sentencias que se han producido hasta el momento por litigios con
diversos particulares.
La
compensación por la ocupación de terrenos de particulares para
construir o llevar a cabo infraestructuras municipales ocupan el
grueso de las reclamaciones judiciales a las que el ayuntamiento se
ha visto obligado a afrontar. Entre ellas cabe destacar los 879.000
euros que ha abonado a cuenta de los 6'7 millones de euros -según
dictamen del TSJ- que una familia reclama por el suelo de Paretotes.
La
ocupación de los terrenos donde actualmente se asienta el campo de
fútbol figura entre una de los de mayor desembolso económico que se
ha atendido desde el comienzo de la legislatura, con una cifra total
de 300.000 euros. Cabe recordar que el anterior ejecutivo local
acordó con los dueños una compensación urbanística a cuenta del
futuro desarrollo del plan del Calvari.
Otros
de los pagos que ha abonado durante este último año han sido los
algo más de 60.000 euros que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
ha abonado a los antiguos propietarios donde se construyeron los
depósitos de agua potable destinados a dar servicio a los habitantes
la localidad. El anterior gobierno del PP acordó con los dueños de
los terrenos el pago en metálico o su compensación con otros
resultantes de la futura actuación urbanística prevista en la zona.
La
reclamación de la Diputación de Valencia es una de las que mayor
volumen que el Ayuntamiento de Riba-roja ha tenido que abonar desde
el principio del actual mandato con un total de 575.865 euros
correspondientes a los ingresos que el ejecutivo encabezado por el ex
alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, no realizó en la
cuenta del organismo provincial en concepto del impuesto de
actividades económicas (IAE) entre los años 1999 y 2014.
Otra
sentencia judicial ha obligado al pago de 46.260 euros por parte del
ayuntamiento a la sociedad general de autores y editores (SGAE) por
la emisión de obras artísticas y música sin la correspondiente
autorización de esta entidad que se llevaron a cabo entre los años
2007 y 2015. El fallo de los magistrados concluye que la
administración local consintió la emisión de música sujeta a
derechos de autor.
El
último de los pagos que deberá satisfacer el consistorio lo
constituye la sentencia del TSJ sobre el proceso de adjudicación del
servicio de agua potable por parte del Partido Popular en el año
2012. La sentencia obliga a volver a sacar a concurso público este
servicio y, por tanto, indemnizar a la actual concesionaria con los
2'3 millones de euros por las obras de modernización y mejora que ha
realizado en la red de agua.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado "el
pago de una cantidad desorbitada por parte del ayuntamiento por la
deficiente gestión que durante tantos años ha realizado el Partido
Popular sin tener en cuenta los intereses generales de los ciudadanos
y que ahora estamos pagando y, por tanto, detrayendo de otros
servicios o conceptos a los que podríamos destinar esta cantidad de
dinero".
Los
6'4 millones se podrían ampliar a medio y largo plazo con el riesgo
financiero pendiente de dictaminarse, como los 25 millones de euros
que reclama el Valencia por la anulación del PAI de Porxinos, los
2'7 millones que solicitan los propietarios del Barranc de les Monges
o los 2'2 millones de euros que una empresa que se incendió en el
polígono industrial reclama por la falta de ejecución de un plan
urbanístico.
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