El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto
delito de blanqueo de capitales
en una pieza separada del “Caso Imelsa”, ha rechazado la petición de
archivo planteada por dos concejales del Partido Popular en el
Ayuntamiento de la capital, Alfonso Novo y Beatriz Simón,
y por tres exasesores.
Todos
ellos seguirán teniendo la condición de investigados (imputados según
la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal)
en esta pieza separada del “Caso Imelsa”.
El
instructor considera prematura la petición de sobreseimiento, solicitud
a la que se había opuesto el fiscal; recuerda que la instrucción no
está concluida
y que faltan diligencias por practicar.
En
su auto, el magistrado considera conveniente esperar al pronunciamiento
del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana respecto a los aforados
Rita Barbera (exalcaldesa de Valencia) y Miguel Domínguez (exconcejal y
diputado autonómico) para evitar pronunciamientos contradictorios.
La
resolución no es firme. Puede ser recurrida en reforma, ante el propio
Juzgado; o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Valencia.
En
esta pieza separada, con 47 personas imputadas, (el PP también está
imputado como persona jurídica) se investigan las donaciones de 1.000
euros efectuadas en vísperas de las elecciones municipales de 2015
por
concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por
el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en
efectivo de supuesta procedencia
ilícita.
Hasta
el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza principal, en
la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones
ilegales en varias administraciones de
la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en
dos piezas separadas: la del blanqueo en el Consistorio valenciano
y la de las contrataciones irregulares en Imelsa
con 28 imputados.
En el “Caso Imelsa” hay 115 investigados(personas
físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración
pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación
de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y
blanqueo de capitales en relación conuna
trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de
la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de
responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a
cambio de adjudicaciones fraudulentas.
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