El Juzgado de
Instrucción
18 de Valencia ha abierto una pieza separada en el caso Imelsa para
investigar el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones
de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de
Educación y encargada de la construcción de las infraestructuras
educativas en la Comunidad Valenciana.
El
juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios
de "legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción
de la arbitrariedad" con la finalidad de "favorecer contractualmente a
determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de
comisión o dávida".
En su resolución, añade que esas irregularidades en la contratación
entre 2003 y 2007
podrían
tener una "finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en
la financiación de un determinado partido político o alternativa o
conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el
principal investigado en esta causa", el exgerente de la empresa pública
Imelsa, Marcos Benavent.
En esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, Benavent,
considerado el "recaudador"; el expresidente
de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de
Educación y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla,
cuatro técnicos de esta empresa y los
responsables de mercantiles adjudicatarias
Cleop, BM3 y Dragados.
Respecto
de los técnicos, el juez investiga si "pudieran haber colaborado dando
una cobertura de aparente legalidad a decisiones que
venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano" y si
justificaron sobrecostes "sobre una base ficticia o carentes de
verdadera justificación" para obtener más financiación o compensar
económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente
"perjuicio económico para el erario público de la Generalitat".
El instructor rechaza dirigir la investigación contra otros exaltos cargos de la Administración
Autonómica que aparecen mencionados en
las conversaciones intervenidas por cuanto "constituyen referencias indirectas genéricas e imprecisas
en un contexto conversacional de difícil interpretación" y, por tanto "no justifican en este momento dirigir la investigación
contra las mismas". Se trata del expresidente de la Generalitat,
Francisco Camps, y de los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo
Camps.
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