El pleno de València pide una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos y aprueba una batería de medidas para frenar el aumento de los alquileres y proteger a inquilinos

El Ayuntamiento de València se dirigirá al gobierno del Estado para pedir una reforma legal con carácter de urgencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de proteger a los inquilinos e inquilinas, de acuerdo con la moción aprobada en el pleno del mes de marzo. En la parte final de la sesión plenaria se ha acordado igualmente estudiar todas las vías posibles, dentro del marco legal, para el mantenimiento de los empleos de los trabajadores y las trabajadoras de las tres escuelas infantiles que el próximo curso pasarán a ser de gestión directa y se ha rechazado una moción del Grupo Popular sobre contratación de policías locales con carácter interino.

María Oliver, como concejala de Vivienda, ha defendido la moción suscrita por los portavoces de los grupos que forman parte del Govern de la Nau. En su intervención ha analizado “el creciente e indiscriminado aumento de los alquileres como consecuencia de una Ley de Arrendamientos Urbanos que ha desprotegido a los inquilinos”. Ha hablado de “burbuja de alquileres” propiciada por el nuevo marco legal, “una situación que se da porque se ha permitido el cambio de una ley Estatal y en la que, como siempre, paga el más débil”.

Oliver ha señalado que “la oferta de alquiler en la ciudad se ha reducido casi un 60% en tres años”, al tiempo que se producía un aumento generalizado de los precios que ha tenido como consecuencias la expulsión de vecinos en algunos barrios, “con un efecto dominó en otros barrios”. La concejala se ha referido a propuestas de la moción tales como alargar la duración de los contratos de tres a cinco años, establecer una limitación al aumento de los precios entre contrato y contrato, ligar ese aumento al IPC y el establecimiento de precios de referencia, declarar zonas saturadas o fomentar la creación de un parque de vivienda social. Todo ello partiendo de la reforma del marco legal estatal que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha dicho “no entender bien la moción, que no tiene pies ni cabeza”, y ha preguntado por los planes de construcción de viviendas sociales. “València necesita un parque público de viviendas”, ha dicho antes de criticar la falta de medidas por parte del Govern de la Nau. “No han hecho absolutamente nada para resolver un problema en el que todos coincidimos”.

Alfonso Novo, del grupo Popular, ha afirmado que “esta moción certifica el fracaso del tripartito en materia de vivienda”, antes de referirse a algunos aspectos incluidos en los programas electorales de los partidos del Govern de la Nau. “Tras años si haber hecho nada en materia de vivienda social, ahora resulta que toda la culpa la tiene la Ley de Arrendamientos Urbanos. Quienes tienen que construir viviendas sociales son la Generalitat y el Ayuntamiento, aunque haya que regular la oferta y la demanda para evitar los abusos”.

Finalmente, las propuestas de acuerdo incluidas en la moción han salido adelante con los votos de los concejales del Govern de la Nau, y el pronunciamiento en contra de los concejales y concejalas de ciudadanos y Grupo Popular.

Escuelas Infantiles

Las escuelas infantiles y los empleados y empleadas que trabajan en las escuelas infantiles municipales han sido los protagonistas del debate suscitado con motivo de la moción presentada por el concejal del Grupo Popular, Cristóbal Grau, que finalmente ha decaído con la presentación de una propuesta alternativa por parte de la concejala de educación, María Oliver, para que el Ayuntamiento “estudie todas las vías posibles para el mantenimiento de los empleos de las y los trabajadores de las escuelas infantiles asumidas en gestión directa dentro del marco legal existente”. Esta propuesta ha sido aprobada por el Govern de la Nau y se han abstenido los representantes de los dos grupos de la Oposición.

En el debate previo, Cristóbal Grau ha criticado la gestión directa de tres escuelas infantiles y ha expresado su preocupación por los trabajadores y trabajadores de esos centros. Se ha referido, en el caso de otras seis escuelas municipales que salen a concurso, a “pliegos de condiciones aprobados deprisa y corriendo”, antes de “pedir la subrogación del personal tanto de las de gestión directa como de gestión indirecta” y solicitar que “se estudien fórmulas como las empleadas en las Escuelas Deportivas Municipales o la reversión del hospital de la Ribera”.

Fernando Giner, del Grupo Ciudadanos, ha aprovechado su intervención para adelantar que su política en este ámbito de la educación es “cheque escolar universal”, al tiempo que preguntaba al Grupo Popular “¿qué les llevó a crear estas escuelas infantiles?”

María Oliver, por su parte, ha señalado que el Govern de la Nau se encontró “unas escuelas infantiles municipales de gestión indirecta que tenían los precios más altos en sus respectivos barrios, con huida de alumnos, y quejas sobre las tarifas y obligación de contratar el servicio de comedor”. Se ha preguntado “¿por qué tan pocas y tan caras?”.

Ha añadido que con la propuesta del Govern de la Nau para las escuelas infantiles municipales, a excepción de la de Pinedo, que ya es de gestión directa, “bajamos los precios de todas, directas o indirectas, y asumimos la gestión directa que en las circunstancias actuales permiten asumir”.

En cuanto a la petición de Cristóbal Grau respecto a los trabajadores de esas tres escuelas ha manifestado que “no es un tema sencillo, y por eso hemos pedido informe a los habilitados para actuar conforme a ley”.

Policías Locales

“Este Ayuntamiento apuesta por la convocatoria de plazas y empleos regulares y no va a apoyar la moción sobre prestación puntual e interina. No compartimos esa necesidad y creemos que la figura del interino no es la figura adecuada para la policía local”, ha respondido la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato a la propuesta del Grupo Popular para instar al Consell de la Generalitat “para que acuerde con carácter de urgencia, la elaboración ,presentación y aprobación de las iniciativas legales necesarias que permitan al Ayuntamiento de València y al resto de municipios de la Comunidad Valenciana contar con los efectivos suficientes que garanticen la seguridad ciudadana en la época estival y en los próximos periodos de celebración de fiestas populares en nuestra pedanías y barrios de la ciudad”

Esta moción, que no ha salido adelante pese al apoyo del grupo municipal Ciudadanos, ha sido defendida por el concejal Alberto Mendoza, mientras que María Jiménez, de Ciudadanos, ha expresado el apoyo de su grupo y también el apoyo a Menguzzato en su solicitud de que el gobierno central traiga a València más agentes de la Policía Nacional.

Metropol

Finalmente el Pleno ha rechazado la urgencia, y por lo tanto no se ha debatido, una moción presentada por Narciso Estellés, concejal de Ciudadanos, sobre el derribo del antiguo cine Metropol. Alfonso Novo, del Grupo Popular, ha argumentado que la urgencia “está en función de si se va a derribar o no”, y Carlos Galiana, en nombre del Govern de la Nau, ha afirmado que la moción “no es urgente y es oportunista. Han visto el periódico y quieren introducir el debate hoy aquí”.