Compromís, EU y ADN Morvedre obligan a Lafarge a paralizar la extracción en las zonas del Salt del Llop de Sagunt donde haya sobrepasado la cota

Los socios del equipo de gobierno Compromís, EU y ADN Morvedre del Ayuntamiento de Sagunt han aprobado esta tarde en el pleno "el incumplimiento muy grave del contenido de la concesión demanial adjudicada el 7 de agosto de 1988 por parte de la empresa cementera Lafarge". Asimismo, instan a exigir a la empresa el estricto cumplimiento de la concesión, lo que implica que la multinacional se abstenga de forma inmediata, al día siguiente de recibir el citado acuerdo, de seguir realizando la extracción de áridos por debajo de la cota 160 m o 150 m, en los términos de la documentación gráfica rectora de la concesión, allí donde la misma se haya sobrepasado. Los concejales del otro socio de gobierno, del PSOE-PSPV se han abstenido. 

En cualquier caso, la empresa podrá seguir desarrollando labores extractivas por encima de aquellas cotas del monte municipal catalogado de utilidad pública allí donde dicho límite máximo de explotación no se haya sobrepasado, y hasta el tope de cota 160 m ó 150 m según la documentación gráfica rectora de la concesión y donde lo permita además el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sagunto, por ser un uso urbanísticamente compatible, según recoge el informe.

La Comisión Informativa Especial de Seguimiento del Convenio Lafarge Cementos SAU-Ayuntamiento se reunió la pasada semana para presentar un informe jurídico y el informe elaborado por el instructor del departamento municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunt, en referencia a las alegaciones de la mercantil en el expediente municipal encaminado a determinar el grado de incumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 1988, por los que se adjudicaba el contrato de aprovechamiento de monte público para la explotación de la actual cantera conocida como Salt del Llop.

En este sentido, el informe del instructor del expediente propone rechazar las alegaciones realizadas por la empresa, tal y como ha declarado la concejala de Medio Ambiente, Teresa García. “Al respecto de las alegaciones que había hecho la empresa, que podría haber una responsabilidad penal respecto a las decisiones que se pudieran tomar desde el Ayuntamiento, consultadas diferentes opiniones jurídicas remarcan la falta de fundamento jurídico de esa apreciación, en el sentido de que el Ayuntamiento lo que está haciendo es defender su patrimonio, que es público, de todos los saguntinos y saguntinas. Por tanto, el Ayuntamiento está ejerciendo sus obligaciones y sólo está procediendo a exigir a una concesionaria de un suelo público, propiedad municipal, que cumpla con las condiciones de esa concesión que se ha detectado que no se cumplen”.

La concejala, en referencia al expediente sobre las posibles irregularidades cometidas por Lafarge, ha explicado que “nos hemos encontrado con una infracción urbanística y un incumplimiento de la concesión, según dicen nuestros textos y así lo respalda el informe, en el que se dice que se han sobrepasado las cotas de la concesión que tenían en Salt del Llop y, por tanto, en los lugares donde no se pueda extraer, porque no está autorizado, no se extraerá. En las áreas donde todavía no se ha llegado a esa cota efectivamente la extracción puede continuar”.

Por otro lado, se reclama a la empresa que aporte, en el plazo máximo de un mes, la documentación pertinente y la acreditación del estricto cumplimiento de los mandatos municipales. Por último, la propuesta aprobada en el pleno destaca a la empresa cementera que para la fase de reversión del bien y de liquidación de la concesión demanial prevista para diciembre del 2017, deberá cumplir los compromisos de cotas mínimas fijados en el acuerdo de adjudicación en todo el espacio catalogado como monte de utilidad pública. En ese sentido, en caso de que se constate su incumplimiento para esa fecha, se adoptarán las medidas correspondientes para garantizar su cumplimiento y la preservación del bien municipal en los términos que fue acordado por la administración y suscrito por el concesionario.

García ha expresado que “entre las dos posibilidades que teníamos dentro del procedimiento de revisión del grado de cumplimiento de la concesión, una de ellas es la resolución del contrato, y otra es dar permiso a la extracción en aquellos lugares en los que esté en regla y evitar que se continúe la extracción allí donde no está autorizado. De las dos opciones hemos escogido la segunda, aquella que permite la continuación de la actividad, porque entendemos que la empresa tiene unas obligaciones respecto de la restauración, y se demuestra con esta acción que el Ayuntamiento no va en contra de la empresa, sino que lo que se ha de exigir es que cumpla con los preceptos legales que se le exigían en cuanto a su explotación, y que cumpla también con sus obligaciones respecto a la restauración".

“Así se desmontan falsos argumentos en cuanto a intereses que pueda tener el Ayuntamiento, ya que hay que destacar que el expediente ha sido, técnicamente, impecable, y el equipo de gobierno, únicamente, se ha limitado a aplicar la ley, porque efectivamente la empresa no puede eludir sus responsabilidades legales y jurídicas al respecto de bienes que son públicos en los que están como inquilinos, no como propietarios”. Asimismo, García ha concluido destacando que “esperamos que la cementera acate estas irregularidades que hemos detectado, que las repare y las subsane, y que trabaje en la restauración del bien que tiene que abandonar en las mismas condiciones en las que le fue concedido”.

Sin embargo, desde la oposición se ha acusado al cuatripartito de querer paralizar la actividad de la empresa y de provocar su cierre en el municipio.