Juan Vicente Pérez. FOTO EPDA La
línea reformista del Gobierno Popular sigue inexorable su avance ante los
evidentes síntomas de recuperación que confirman lo acertada de la misma. En lo
que llevamos de legislatura se han acometido el mayor número de reformas
estructurales llevadas a cabo por ningún ejecutivo en nuestra joven Democracia.
La última, la que está sobre la mesa y está levantando ampollas también en
nuestra acomodada izquierda, poco dada a zambullirse en cuestiones elaboradas
desde el interés general y no en el partidista, es la que plantea la elección
directa de los alcaldes.
Con
un planteamiento abierto el partido Popular ha propuesto una reforma que viene
avalada por el sentir mayoritario de una Sociedad que demanda gestos evidentes
de regeneración a una clase política que ha padecido demasiado tiempo una
endogamia galopante. Sondeos, barómetros de opinión, encuestas, todo el devenir
demoscópico ha puesto en valor una reforma que busca dotar de una mayor
legitimidad y estabilidad a los gobiernos locales, piezas fundamentales de
nuestra arquitectura institucional.
Y
aquí se ha abierto el melón de la realidad política española. Una izquierda que
sigue su hoja de ruta, ahora marcada por el populismo bolivariano y los targets
del socialismo del siglo XXI, para arremeter contra una propuesta que recoge el
sentir mayoritario de la ciudadanía que busca sentirse partícipe y protagonista
en una acción política que la ha relegado a mero espectador demasiado tiempo.
Y el
PSOE sumido en una deriva peligrosa para el sistema, se deja arrastrar obviando
su responsabilidad como alternativa de gobierno. No se puede obviar la memoria
histórica en temas cruciales como éste, donde lo que se pretende es
"acrecentar la identificación de los electores con los Alcaldes, al tiempo
que permitiría conformar mayorías de gobierno más estables" (El reto de la
autonomía local. Doc del PSOE en 1998). Las razones que llevaron al PSOE a
propugnar la elección directa del Alcalde por todos los electores eran de
naturaleza política, fundadas en la búsqueda de una mayor gobernabilidad, de
una mayor identificación con el Alcalde y de un reforzamiento del Ayuntamiento como
una institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos.
Es
esta una reforma, que por su transversalidad tiene un alcance legislativo
importante, por su contexto político y problemática jurídica, que se sustenta
también en el marco del Derecho comparado, ya que la experiencia tiene varios
ejemplos a tener en cuenta, como el modelo del Reino Unido, el de EEUU,
Francia, Portugal o Italia, que confirman que no es un salto al vacío o un
"golpe de estado" como quieren hacer ver desde posturas inmovilistas
reacias a variar el Statu quo.
La
Proposición de Ley Orgánica que el Grupo Parlamentario Socialista presentó a
finales de 1998 tenía por objeto modificar la elección directa de los Alcaldes,
que pasarían a ser elegidos directamente por los electores ( BOCG, VIª
Legislatura, serie B, núm.256-1, de 7 de diciembre de 1998), es el mejor
exponente de ese doble lenguaje que utiliza la izquierda, así como su inclusión
en el Programa Electoral de 2004 del ZPSOE, no hace más que sumarse a la ceremonia de la confusión de una
ciudadanía desorientada, que cae una y otra vez en las redes de la
desinformación que sutilmente utiliza la izquierda.
Es
hora de avanzar, de dar voz a la ciudadanía que quiere erigirse en la única
protagonista del escenario político, fuera del juego partidista e interesado de
las élites. El Partido Popular ha sabido captar el mensaje alto y claro de los
ciudadanos para seguir por esa senda reformista, y para ello tiende la mano, en
pos del dialogo y el consenso con todos. Pero me parece que no están por la
labor. Los intereses de Partido y el afán de poder de "ellos" están
por encima de los intereses de los ciudadanos. A los hechos me remito.
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