Gabriela Bravo: "El Consell busca el rearme moral de la sociedad contra la corrupción"

La consellera, en el centro, en la clausura del III Congreso de Seguridad, Justicia y Sistema Penal

La consellera de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, ha clausurado el III Congreso de Seguridad, Justicia y Sistema Penal en el que ha destacado la importancia que tiene la interrelación del mundo académico con la Administración de Justicia especialmente cuando se trata de analizar fenómenos como la corrupción política cuya solución escapa a un simple análisis jurídico.

Bravo ha afirmado que "buscaremos instrumentos que faciliten el rearme moral de la sociedad civil porque debe ser ella quien lidere la exigencia de un comportamiento público ético y legal que haga imposible que la corrupción vuelva a poner en peligro el sistema de convivencia que tanto nos ha costado articular".

Además, ha señalado que, desde la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, "vamos a trabajar en la reforma, revitalización e implantación de procedimientos para garantizar una mayor calidad democrática y el cumplimiento de los fines de interés general que legitiman la intervención de los poderes públicos".

En este sentido, la consellera ha resaltado que "la corrupción es una traición a la confianza depositada por la sociedad y una terrible expresión de la explotación y el dominio de los poderosos sobre los más débiles". Por eso, "la corrupción daña de manera grave el tejido social, pues pervierte o desnaturaliza las reglas del correcto comportamiento democrático, lo que genera importantes y negativos efectos de orden político, económico e institucional", ha dicho.

"El último barómetro del CIS, que conocimos ayer mismo, indica que tras el paro, la corrupción es el asunto que más preocupa a los españoles; Jornadas jurídicas como la de hoy son imprescindibles, pero no debemos olvidar que no nos enfrentamos a un mero debate científico, sino a un problema muy real: la corrupción afecta de manera grave a la calidad de la democracia española, y por supuesto, a la valenciana, y ese es un riesgo que debemos atajar de manera perentoria y contundente", ha explicado la consellera.

Bravo ha remarcado que "nadie duda ya de que la corrupción socava la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y es una variable fundamental en el desarrollo económico, por lo que afecta a la calidad de la democracia".

En este contexto, "resulta necesario recordar que la Justicia ha adquirido un papel relevante. Solo el Poder Judicial ha puesto la proa a los comportamientos corruptos que hoy nos avergüenzan a todos los ciudadanos de bien, y la Fiscalía está integrada en ese Poder Judicial, porque creo de justicia aprovechar esta ocasión para poner en valor la labor realizada por el Ministerio Fiscal y, en particular, por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada", ha añadido la consellera de Justicia.

En su intervención, Gabriela Bravo ha destacado que "los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana investigan o juzgan más de 300 procesos relacionados con la corrupción política y económica. "Si a ellos les sumamos los que ya han sido sentenciados en los últimos años, la cifra se vuelve alarmante", lo que es "otra prueba de la necesidad de girar con fuerza el timón que dirige la vida pública valenciana". "Es evidente que el modelo actual ha fracasado, ya que si nos ceñimos a lo ocurrido en la Comunitat Valenciana, los dispositivos internos de vigilancia se han mostrado insuficientes".

Por este motivo, tal y como ha enfatizado, resulta "imprescindible" mejorar la dotación de medios materiales y humanos a disposición de la Administración de Justicia. "Es necesario acelerar los ritmos de respuesta judiciales y acabar con la sensación generalizada de que quienes protagonizan este tipo de comportamientos perniciosos escapan siempre a los instrumentos institucionales de reparación y sanción, porque ese es otro factor de deslegitimización de las instituciones públicas", ha indicado Bravo.

Finalmente, la consellera de Justicia ha remarcado que "nuestro objetivo no es otro que contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas valencianas para que puedan recuperar la confianza de los ciudadanos, alimento imprescindible del sistema democrático".