El expediente de
segregación ha sido denegado por los jueces del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana. Ante este hecho, la Junta de
Iniciativa Porteña quiere aclarar los siguientes puntos:
"Los jueces
dicen que Iniciativa Porteña no ha acreditado que Sagunto y El
Puerto son viables económicamente. Y eso es mentira, puesto que
presentamos un informe de viabilidad económica realizado por el
rectorado de la Universidad de Granada, en el que se acreditaba la
suficiencia económica de ambas poblaciones. Nadie en su sano juicio
puede cuestionar que Sagunto y El Puerto son viables económicamente.
Que se lo digan a los miles de municipios existentes en el Estado
Español con menor número de habitantes y, en muchos casos, con
bastantes menos recursos económicos de los que dispondríamos en
ambos casos".
"Los
jueces afirman que Iniciativa Porteña no ha acreditado que Sagunto
y El Puerto, están diferenciados territorialmente. Algo tan
sencillo como una mirada al Google Maps,
da una idea clara de la ubicación de uno y otro núcleo de
población. Iniciativa Porteña presentó pruebas gráficas y
suficiente información acreditando esa diferenciación territorial.
Es más en la sentencia habla de dos núcleos de población. Sin
embargo, los jueces valoraron más los informes de parte realizados
por los técnicos municipales que entre otras lindezas afirmaban que
“Sagunto y El Puerto están unidos POR TRAMA URBANA DE CALLES Y
EDIFICIOS”. Ante esta barbaridad, no merece la pena añadir
comentario alguno".
"Los jueces
niegan que Iniciativa Porteña ha demostrado que la mayoría de los
vecinos de El Puerto quieren la segregación. En el expediente se
incorporaron las firmas de casi 17.000 porteños que en el momento de
presentar el expediente constituían el 55% del censo en El Puerto.
Y eso a pesar de que el Ayuntamiento en un cotejo realizado de forma
muy cuestionable invalidó 2.000 de las 19.000 firmas presentadas. Esa
mayoría quedó más que acreditada. Se empeñan desde el Tribunal
en utilizar el inflado padrón de habitantes, que incluye menores de
edad y ciudadanos sin derecho a voto. De forma inexplicable el TSJCV
habla de 16.672 firmas válidas y las contrasta con el padrón,
cuando esas firmas son de ciudadanos mayores de edad y con derecho a
voto que son las que recoge el censo".
"Los jueces
consideran que Iniciativa Porteña no ha acreditado que la petición
responde al interés público autonómico. Es evidente que más que
del interés público, deberían hablar del interés político, pues
desde este ámbito desde el que se han puesto las piedras en el
camino del expediente de segregación. Evidentemente el interés
autonómico ha venido determinado por quienes gobernaban y quienes
gobiernan actualmente la Generalitat Valenciana, todos ellos
contrarios a que El Puerto tenga su propio Ayuntamiento".
"Los jueces
no han tenido en cuenta la Jurisprudencia presentada junto al
expediente de segregación, por estar basada en la ley 7/1985
vigente en el momento de su presentación en el año 2007. Han
optado por seguir las tesis de la Generalitat aplicando la ley
aprobada en julio de 2010 por el gobierno autonómico, que perjudica
de manera grave las aspiraciones de Iniciativa Porteña. Se da la
circunstancia de que desde IP consideramos como inconstitucional la
aplicación de una ley aprobada con posterioridad a la presentación
del expediente, cuestión que los jueces del TSJCV consideran que en
todo caso ellos no tienen competencia para dirimir sobre la
inconstitucionalidad, que delegan en todo caso en el Tribunal
Constitucional, sin entrar en el fondo del asunto".
Por otro lado, "queremos dejar patente nuestra disconformidad con determinadas
actuaciones llevadas a cabo por las instituciones municipal y
autonómica. En el primer caso, como hemos explicado, con unos
informes elaborados sin ninguna objetividad, al servicio de quienes
gobernaban, y en el segundo cometiendo una serie de atropellos cuya
legalidad es muy cuestionable":
"El
expediente de segregación fue presentado en el año 2007,
cumpliendo con los requisitos que marcaba la ley 7/1985. Sin
embargo, para resolverlo, la Generalitat aplicó una ley, que
aprobaron en julio del 2010, tres años después de la presentación
del expediente. El Diputado Lluis Torró, declaró en prensa que
había escuchado de otros diputados del Partido Popular, que esa ley
en el articulado referente a la segregación de municipios, había
sido elaborada de manera explicita para acabar con el expediente de
segregación de El Puerto. Nos parece inexplicable que estas
declaraciones presentadas como prueba en el procedimiento, no hayan
sido tenidas en cuenta por los jueces, máxime cuando demuestran
con claridad que la consellería responsable del expediente, en
aquel momento dirigida por el corrupto Rafael Blasco, obró de mala
fe, y con la clara voluntad de perjudicar el expediente, obrando en
contra de una reivindicación legítimamente defendida y
legítimamente amparada por las leyes vigente en el momento de
presentación del expediente".
"El director
de cohesión territorial, dictaminó el expediente antes de conceder
la audiencia previa preceptiva a Iniciativa Porteña, algo marcado
por el procedimiento administrativo, que de manera inexplicable,
tampoco ha sido tenido en cuenta por la justicia".
"Casi cuatro
años tardó la Generalitat en dictaminar el expediente, dictamen
que fue redactado en cuatro folios, escogiendo el momento político
más apropiado para intentar hacer daño a Iniciativa Porteña".
En resumen, la
gestión del expediente por parte de la Generalitat fue "pésima,
saltándose el procedimiento administrativo, lo cual como mínimo
debería haber provocado la devolución del expediente al ente
autonómico. Sin embargo, nos hemos encontrado con una sentencia
injusta, una auténtica bazofia que han tardado un año en
notificarnos, pues fue dictaminada en marzo del pasado año
saltándose todos los plazos para notificarla, no ha tenido en cuenta
los derechos fundamentales amparados por la constitución y en la que
los jueces no han querido entrar en la mala fe con la que ha actuado
la Generalitat Valenciana".
"Quienes
componemos Iniciativa Porteña, queremos dejar claro que vamos a
seguir luchando por y para El Puerto. Diga lo que diga el señor alcalde, seguiremos reivindicando que algún día El Puerto sea por
derecho, lo que ya es de hecho, un pueblo con identidad propia. No
renunciaremos jamás a esta causa, y que le quede claro al señor alcalde y al resto de concejales de la Corporación, que injusticias
como la que se ha cometido con el expediente presentado por
Iniciativa Porteña, nos reafirman más si cabe en nuestro deseo de
conseguir la Autonomía Municipal".
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