La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
ha publicado desde enero de este año las licitaciones para la
contratación del servicio de gestión integral de ocho centros de
atención a personas con enfermedad mental y personas con diversidad
funcional, por un presupuesto total de 16.332.671 euros, según ha
señalado la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía
Personal, Helena Ferrando.
El total de las plazas
licitadas correspondientes a estos contratos es de 464 plazas para
personas con enfermedad mental, concretamente 280 en centros de
rehabilitación e integración social, 100 plazas en centros de día, 76 en
centros específico de enfermos mentales y 8 plazas en viviendas
tuteladas. Asimismo, se ha licitado la gestión de 172 plazas para la
atención a personas con diversidad funcional intelectual en 2 centros
ocupacionales.
Helena Ferrando ha reiterado el compromiso
de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de continuar
trabajando para "reordenar un sector que durante años ha sido gestionado
con escasos recursos e infraestructuras", y ha señalado que el objetivo
es crear un sistema que dé respuesta "a las nuevas necesidades de las
personas con diversidad funcional y con enfermedad mental y donde el
centro y el interés sean los usuarios y usuarias".
La
secretaria autonómica ha añadido que el objetivo es crear un modelo de
atención que desarrolle y fomente "la autonomía personal y la vida
independiente" de estas personas.
Para ello, y con la
prioridad de mejorar la atención prestada en estos centros, los pliegos
de estos contratos incorporan algunas novedades "como es la prestación
obligatoria del transporte de los usuarios de los centros ocupacionales,
y los servicios adicionales como el acompañamiento personal y ayuda a
los usuarios para la realización de trámites administrativos y
sociosanitarios fuera del centro, así como el asesoramiento, orientación
y gestión con otras entidades especializadas en terapias alternativas y
en actividades para el tiempo libre y estancias vacacionales" ha
señalado Ferrando.
En cuanto a la duración del contrato,
en todos ellos se establece un plazo de ejecución de dos años
prorrogables a otros dos, de manera que la duración total del contrato
no pueda exceder los cuatro años.
Respecto a los criterios
de adjudicación de estos contratos, se han introducido nuevas fórmulas
objetivas de valoración distintas de la proposición económica, a la que
se reserva únicamente un máximo de 36 puntos sobre un total de 100,
primando cuestiones relacionadas con el proyecto de gestión que redunden
en el beneficio de los usuarios del centro.
Asimismo, se
han introducido otras cláusulas sociales dentro de las condiciones
especiales de ejecución del contrato relacionadas con el respeto del
principio de igualdad de oportunidades de las personas con dificultades
de acceso al mercado laboral teniendo en cuenta colectivos de especial
vulnerabilidad, como, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de
género.
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