Tres empresarios,
un ex asesor de Rafael Blasco y el ex alcalde de Alfara de la Baronia
han declarado en calidad de investigados por presuntas
irregularidades urbanísticas relacionadas con varios Programas de
Actuación Integrada (PAI), dentro de la ‘Trama del Fuego’. Se
trata de los empresarios Jesús Domingo, Miguel Ángel San José
Calabuig y Domingo Muñoz, así como Jesús Garrido, ex asesor de
Blasco, y el ex alcalde de Alfara, José Terrádez. El Periódico de
Aquí ha hablado con estos tres últimos, quienes han coincidido en
negar haber cometido ninguna ilegalidad ni delito y se han quejado
por el daño público que se les hace.
En el caso de los
empresarios y el asesor se les atribuye, en diferentes grados, un
delito de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales y
falsedad en documento público, según la investigación que se
instruye en el juzgado número 2 de Sagunto. Se investiga igualmente
si el ex alcalde de Quartell, Francisco Huguert, y el vicealcalde,
Emilio Máñez, beneficiaron a estos tres empresarios, a Vicente
Huerta, de Avialsa y su ex gerente, Francisco Alandí, con la
adjudicación de PAI a cambio de regalos, inmuebles o plazas de
garaje vendidos a un precio más barato que su coste real. Además,
se están investigando diferentes PAI, como el del Polígono La Foya
-donde se ubican empresas como Profiltek- o el Sector Industrial de
la Alquería Blanca de Quartell; el PAI Quartell-PRODAEMI y en Alfara
de la Baronia, el PAI Residencial Alfara, el Nova Alfara y el
Proyecto de Reparcelación Forzosa Sectores S1 y S3. En el caso de
Garrido, declaró por obtener una comisión por intermediar en la
adjudicación del PAI Nova Alfara, que se cedió por la UTE a la
mercantil Prodaemi por un montante de 6’2 millones, de la que
Avitractor habría recibido 1’5 millones. Garrido habría adquirido
también una vivienda a través de una sociedad suya en Valencia,
cuyo promotor era Prodaemi.
La investigación
se basa en tres informes de la Unidad de Delitos Económicos y
Fiscales (UDEF) de la Policía.
El Periódico de
Aquí ha hablado con tres de ellos, que lamentan el ‘‘daño
gratuito’’ que se les ha hecho. Garrido, ex asesor del
encarcelado Blasco, ha señalado que ‘‘todo es mentira’’ y
recuerda que ‘‘como asesor no tenía ni poder ejecutivo ni de
decisión’’ y se mostró muy tranquilo respecto al proceso. Sí
reconoció haberse llevado una comisión como intermediario, ‘‘en
una operación totalmente legal’’.
Muñoz, por su
parte, ha sido muy crítico con las formas utilizadas por la UDEF,
lamentando que ‘‘irrumpan en casa, se lleven el ordenador de mi
hijo y te den tal susto, cuando todo lo que se ha hecho es acorde a
ley’’. Recuerda que los adosados construidos ‘‘se vendieron
todos al mismo precio’’, para negar que hubiese trato de favor
con el alcalde, ya que dos de sus hijos adquirieron un inmueblo.
‘‘¡Pero al mismo precio que el resto!’’, señaló muy
enfadado, al recordar que ‘‘no está prohibido que pudieran
comprar las viviendas’’.
Aseguró no
conocer a Huerta y que había coincidido con él en una comida,
mientras que ‘‘con Serafín Castellano comí una vez en el local
de la ermita que gestionaba yo, junto a otras 100 personas’’.
Muñoz está dispuesto a explicar punto por punto ‘‘todas las
dudas que se han planteado sobre mí’’.
Quien también se
ha mostrado muy enfadado ha sido el ex alcalde, José Terrádez.
‘‘Nadie me ha dado ni una peseta nunca de ningún PAI’’,
señaló en declaraciones a este periódico y tildó la investigación
de ‘‘pura elucubración’’, recordando que el PAI Nova Alfara
fue aprobado por los 7 concejales del Consistorio ‘‘y nunca se
hizo porque no lo aprobó la Conselleria’’. Defendió que el
Ayuntamiento se embolsara 600.000 euros de los 6 millones al
aprobarse el proyecto, que se invirtieron en mejoras en el municipio.
Informes a favor
Respecto a la
compra de dos adosados de sus hijos, ‘‘en el Plan Especial de
Promoción del Suelo, entró mucha gente y entre ellos dos de mis
hijos. Pagaron al mismo precio que los demás. Me acusan de
prevaricación porque dicen que me tenía que haber abstenido en el
pleno’’. El ex alcalde insistió en que todos los proyectos
tuvieron los informes de la secretaria y los técnicos.
Se
prevé que vayan a declarar secretarios e interventores de los
Ayuntamientos que están en el punto de mira.
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