Justicia aumentará su presupuesto en 2018 hasta los 313,5 millones, un 6,8% más que en 2017 y un 21% desde 2015

La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha explicado ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts las líneas maestras del presupuesto de su departamento para el año que viene.

Las cuentas alcanzan los 313, millones de euros, un 6'8% más que en el ejercicio anterior que confirma la tendencia al alza iniciada en 2015 ya que, desde entonces, el dinero que destina el Consell a las materias que son competencia de la Conselleria de Justicia ha aumentado en un 21%.

El objetivo de los presupuestos, según ha explicado la consellera, es "garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones". En este sentido, las prioridades serán "la justicia gratuita con la dignificación y buen funcionamiento del turno de oficio", así como "el impulso de la mediación como alternativa a la judicialización" y el aumento del número de oficinas de asistencia a las víctimas del delito.

La consellera no ha olvidado la reivindicación de incrementar la planta judicial en la Comunitat Valenciana porque, "somos la tercera autonomía con más carga de trabajo, así que la creación de catorce nuevos órganos judiciales para 2018 acordado por el Gobierno central no es suficiente".

22 millones de euros para las sedes judiciales

Gabriela Bravo ha informado de que se invertirán 22 millones de euros para mejorar, reformar y construir nuevas sedes judiciales. Esto supone un aumento del 17,2% respecto al año pasado y de un 110% sobre el 2015.

La consellera ha recordado "el estado lamentable del parque de edificios de la Comunitat" y que al inicio de la legislatura ya anunció que la prioridad iba a ser acabar con las condiciones insalubres en las que trabajaba el personal destinado en las sedes de Alcoi, Mislata y la Fiscalía de Gandía.

En este sentido, la consellera ha anunciado que "el problema de Alcoi está solucionado, las obras de la nueva sede de la Fiscalía de Gandía culminarán este ejercicio y las que adecuan los nuevos espacios de los juzgados de Mislata comienzan hoy mismo". Además, la consellera ha asegurado que el 85% de las sedes judiciales "necesitan actuaciones de mejora" y por eso era necesario "impulsar la elaboración de un plan que nos permitiera abordar el cometido de una forma integral".

De los 22 millones destinados a este fin, 12,6 millones se destinarán a intervenciones más urgentes para licitar los proyectos y direcciones de obra de los juzgados de Ontinyent, Nules, Vinaròs, Torrevieja, Villajoyosa, así como a las mejoras en el Palacio de Justicia de Benalúa en Alicante y la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la capital.

También se destinarán 6,2 millones de euros para la construcción de nuevas sedes, lo que permitirá licitar las direcciones de obra para los juzgados de Llíria, Alzira y Alicante (donde se necesita un nuevo edificio que descongestione la sede de Benalúa).

En esta partida se incluyen las anualidades comprometidas para la construcción de las nuevas instalaciones en Elx, Paterna y Vila-real. También habrá 2 millones de euros para llevar a cabo un 'Plan Renove' de mobiliario judicial y, de los Fondos Feder, se dispondrán 1,1 millones de euros para llevar a cabo diferentes proyectos de eficiencia energética.

91,9 millones para mejorar el sistema valenciano de Justicia

Gabriela Bravo ha recordado a los diputados que "de nada sirve construir o reformar sedes judiciales si no nos preocupamos del mantenimiento", así como de garantizar todos los servicios que requieren los ciudadanos. Para acometer esta tarea, los Presupuestos contemplan un total de 91,9 millones de euros.

Tal y como ha dicho la consellera, "es una tarea ingente remontar quince años de abandono" y de ahí que el Capítulo II de los Presupuestos crezca en 2018 un 18,5%, pasando de 35,5 millones de euros a 42,1 millones para mejorar las tareas de mantenimiento de las sedes y la creación de una nueva unidad administrativa encargada de coordinar todo los trabajos en esta materia. En esta línea presupuestaria se contemplan también el pago de los honorarios de graduados sociales, intérpretes y peritos judiciales.

Además, esta partida prevé la inversión de 3,5 millones de euros para dotar de personal a los diez nuevos juzgados que se pondrán en marcha en 2018, que estarán en València, La Vila Joiosa, Nules, dos en Elx, dos en Alicante, Benidorm, Orihuela y Torrevieja. También habrá 4 millones de euros para reforzar el personal de tramitación y auxilio judicial de los juzgados. Ello supone un incremento de un 33% necesario para dar la respuesta adecuada a las necesidades de los órganos judiciales, en especial a los juzgados especializados en cláusulas-suelo.

Según ha explicado la consellera, para mejorar el servicio de Justicia Gratuita, se destinarán 33,5 millones de euros al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para que los letrados del Turno de Oficio no sólo recuperen las percepciones económicas que tenían hace doce años, sino que las superen por primera vez. Esto supone un incremento del 18,3% respecto a 2017 y de un 64% desde el inicio de la legislatura. En la misma línea de actuación se dedicarán 5 millones de euros para el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.

Bravo también ha anunciado que habrá 2,5 millones de euros para que la Red de la Generalitat de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito esté operativa en 2018 en 25 sedes judiciales. En ellas prestarán servicio treinta profesionales, 18 psicólogos y 12 trabajadores sociales, además de 27 letrados. Además, la consellera ha destacado la previsión presupuestaria de 300.000 euros para la creación del Centro de Mediación autonómico ante la entrada en vigor de la Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana.

8 millones de euros para mejorar la Administración Valenciana

Bravo también ha explicado por qué se destinarán 8 millones de euros en las cuentas del año que viene a mejorar la Función Pública valenciana. Así, habrá 5,3 millones de euros se destinarán al programa Función Pública (un 19,5% más que el año anterior) para gestionar todos los concursos de traslado necesarios para regularizar la plantilla de empleados públicos dado que de los 17.000 puestos de trabajo, 2.600 están ocupados provisionalmente y otros 850 mediante adscripciones provisionales.

También se convocarán 18 procesos de turno libre y 12 de promoción interna de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2015; otros 43 procesos de la OPE de 2016 y, de la OPE de 2017, en las próximas semanas se ofertarán 1.823 plazas (1.094 de turno libre y 729 de promoción interna). Para todo ello será necesario gestionar más de 70 procesos de selección. Además, otros 2,7 millones de euros se invertirán en la formación continua de los trabajadores públicos valencianos.

1,2 millones para la Memoria Democrática y la Convivencia

Gabriela Bravo ha concluido su intervención recordando el compromiso del Consell con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que obliga "a poner en marcha todos los instrumentos y medidas necesarias para que recuperen su dignidad".

Para ello, el Presupuesto de 2018 contempla una partida de 800.000 euros para pagar las labores técnicas de localización, verificación, delimitación de las fosas comunes (hay más de 300 identificadas entre las tres provincias valencianas), exhumación, identificación y re-inhumación de las personas desaparecidas durante ese terrible periodo de la Historia de España.

La partida para esta iniciativa se completa con otros 400.000 euros que se destinarán a costear la adquisición del espacio físico, los materiales, el equipamiento mobiliario, los gastos de funcionamiento y la provisión de un número mínimo de puestos de trabajo del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, el cual tendrá su sede en Alicante.