La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presentado este
jueves a las principales autoridades judiciales de la Comunitat
Valenciana sendos proyectos de rehabilitación de los edificios que
ocupan el Tribunal Superior de Justicia y la Ciudad de la Justicia de
Valencia, con una inversión conjunta de 8,5 millones de euros.
Los
dos proyectos serán financiados con fondos europeos procedentes de la
Iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas), un proyecto de la Comisión Europea, el Banco Europeo de
Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para dar
apoyo financiero a proyectos de regeneración o desarrollo urbano.
Este
apoyo financiero procede del Fondo FIDAE, cofinanciado por el FEDER y
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y
operado por el Banco Europeo de Inversiones para impulsar proyectos de
desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia energética y/o
utilicen las energías renovables. El acceso a este fondo ha sido posible
gracias a la intervención del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
"Estos
proyectos de rehabilitación incluyen una serie de actuaciones
integrales encaminadas todas ellas a garantizar la seguridad y el
confort de los trabajadores, de los profesionales y de todo el público
que accede a estas sedes judiciales", ha explicado la consellera durante
la reunión con las autoridades judiciales, en la que ha estado
acompañada por el secretario autonómico Ferrán Puchades.
La
sede del Tribunal Superior de Justicia, un edificio del siglo XVIII
pensado para sede de la Aduana Real de unos 14.000 metros cuadrados,
adolece de importantes carencias en sus instalaciones que provocaba
desde hace años las constantes quejas de sus ocupantes y usuarios.
Por
su parte, la Ciudad de la Justicia de Valencia, inaugurada en 2003, es
un complejo de 114.000 metros cuadrados en el que trabajan unas 2.000
personas y al que acuden alrededor de 5.000 visitantes cada día. Sus
instalaciones tienen serias carencias en el aspecto energético, como la
deficiente distribución de los difusores, del caudal del aire o la
inapropiada potencia del sistema de climatización, así como un
insuficiente aislamiento en los cerramientos en contacto con el
exterior, con grandes fachadas de muros cortina y lucernarios en
cubierta carentes de la adecuada protección solar.
El
coste de la rehabilitación de ambos edificios se ha tasado en 8,5
millones de euros, a los que la conselleria ha accedido gracias un
contrato de crédito suscrito el pasado día 22 de junio que ofrece unas
condiciones muy favorables: un plazo de devolución de 15 años, a un 0%
de interés y con los tres primeros años de carencia.
Otros proyectos
La
financiación con cargo a los Fondos FEDER permitirá a la Conselleria de
Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas ejecutar en los próximos tres años una serie de proyectos de
eficiencia energética en sedes judiciales por un importe aproximado de
otros 2,5 millones de euros. Estas actuaciones mejorarán de manera
sustancial sus condiciones de habitabilidad y confort y generarán
importantes ahorros en la factura eléctrica de hasta un 20 %.
Estas
sedes son, entre otras, Benidorm, la Ciudad de la Justicia de Alicante,
Novelda, Quart de Poblet, Vinaròs, Xàtiva, Villena, Nules, Segorbe,
Ciudad de la Justicia de Castellón, Sagunt, Elx, Paterna y Elda. En
todos estos inmuebles se acometerán actuaciones encaminadas a la mejora
de la climatización, iluminación y aislamiento térmico de fachadas.
En
el caso del Palacio de Justicia de Benalúa, ya se ha elaborado un
anteproyecto de reforma que se pondrá en marcha en cuanto concluya un
estudio geotécnico del terreno necesario para verificar el estado
estructural del edificio.
La directiva europea 2010/31/UE,
de 19 de mayo del 2010, prevé que en el horizonte de 2020 todos los
edificios de nueva construcción, así como también las grandes
rehabilitaciones, alcancen un "consumo energético casi cero", o un
balance energético cero. En el caso de las administraciones públicas, la
fecha se adelanta en el año 2018.
Es necesario incluir el
concepto de 'eficiencia energética' en las sedes judiciales, para lo que
se hace necesario acometer una serie de reformas y actuaciones
orientadas a reducir el consumo energético de los edificios. El
compromiso de la Generalitat con los objetivos medioambientales obliga a
la reducción de consumos y de emisiones contaminantes, para lo que es
imprescindible la implantación de medidas de ahorro energético en los
contratos de mantenimiento de sus instalaciones.
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