La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas ultima el decreto mediante el cual se
crea y regula la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las
Víctimas del Delito. Este organismo se configura para ofrecer a los
valencianos que así lo necesiten un servicio de carácter público y
gratuito.
Este decreto elaborado por el departamento que dirige Gabriela
Bravo cumple el mandato legal establecido en la Ley 4/2015 de 27 de
abril del Estatuto de la Víctima del Delito, la cual a su vez incorpora
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/29UE del Parlamento
Europeo. Esta normativa tiene como objetivo regular la protección y
participación de la víctima en los procesos judiciales para garantizar
que reciba la reparación adecuada y evitar, a la vez, la segunda
victimización de los afectados.
Según ha explicado la
consellera Bravo, para el Govern del Botánic "las víctimas son una
absoluta prioridad" y, por ese motivo "era necesario superar el actual
modelo para ser capaz de atender con mayor eficacia a aquellas personas
afectadas por un acto delictivo tanto durante el proceso judicial como a
su término y en especial la ayuda psicológica o social que pudieran
precisar."
La titular de Justicia ha destacado que la nueva
red será especialmente sensible "a los casos de violencia doméstica y
de género, una lacra que debemos combatir desde todos los frentes y
asegurarnos que quienes que lo padecen cuentan con todos los recursos
que la administración puede ofrecerles para su seguridad y para que
puedan superar el trauma que han sufrido".
La Red de
Oficinas sustituirá a la antigua Fundación de Ayuda a las Víctimas del
Delito (FAVIDE) y su gestión será asumida por la propia Conselleria de
Justicia. El organismo se ha diseñado para que actúe como una unidad
técnica y multidisciplinar que centralizará y hará accesible a las
víctimas todos los recursos de la administración autonómica para
garantizar su seguridad y brindarles una asistencia integral y
especializada a lo largo de todo el procedimiento judicial e incluso, si
fuera necesario, cuando el proceso haya terminado. Para Gabriela Bravo
"con este modelo ponemos a las víctimas en el centro de toda la acción
asistencial del Consell antes, durante y después de los procesos
judiciales en las que estén afectadas mediante cuatro iniciativas: la
acogida y orientación, la información, la intervención y el seguimiento
cuando todo haya concluido". De hecho, la red de oficinas estará
preparada también para intervenir con anterioridad al inicio de un
proceso judicial así como para orientar a los usuarios en las
posibilidades de mediación extrajudicial.
Esta red de oficinas
desarrollará su actividad en coordinación con los órganos judiciales, la
Fiscalía, la Abogacía, los institutos de medicina legal, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y cualquier otra
institución que pueda estar en contacto con el afectado por un delito.
Para ello, la Generalitat contará, en cada oficina, con psicólogos,
juristas, trabajadores sociales y criminólogos. También contará con la
colaboración de técnicos especializados en la materia cuando las
circunstancias así lo aconsejen.
Para Gabriela Bravo, la
renovación de la red de oficinas era imperativa porque, "en los últimos
años, los recortes afectaron igualmente al sistema público de protección
a las víctimas, con especial incidencia en los colectivos más
vulnerables". La red de oficinas presta atención a casi 20.000 personas
al año, de las cuales, el 80 por ciento son mujeres y que el 47,8 por
ciento de los delitos denunciados para los que se requiere asistencia
estaban relacionados con la violencia de género.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia