Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ i Ferran Gregori, técnico de LA UNIÓ con Manuel Mata y Rafael Briet (PSPV) y Fran Ferri y Graciela Ferrer (Compromís). EPDA
LA
UNIÓ de Llauradors se ha reunido estos días con todos los grupos
parlamentarios de les Corts para introducir mejoras en la Ley de
l’Horta en beneficio de los agricultores y de la sociedad
valenciana en general y con el claro objetivo de que la normativa se
apruebe con el máximo consenso posible.
El
pasado jueves se reunió con los dos grupos parlamentarios que
sustentan el Govern del Botànic, como es el caso del PSPV (Manuel
Mata y Rafael Briet) y Compromís (Fran Ferri y Graciela Ferrer), y
hoy ha hecho lo propio con los grupos parlamentarios de Podemos
(Antonio Montiel), PP (Luis Santamaría y José Ramón Calpe),
Ciudadanos (Mª José García) y No adscritos-Agermanats (Domingo
Rojo).
Estos
encuentros se enmarcan en la ronda de contactos que mantiene LA UNIÓ
para dar a conocer su trabajo y posicionamento acerca de la Ley,
sobre todo en los aspectos más conflictivos. Esta Organización
Profesional Agraria desea que “la normativa tenga una continuidad
en el tiempo y sea una herramienta eficaz para proteger la huerta de
la especulación y garantizar la viabilidad de las explotaciones
agrarias”.
LA
UNIÓ ha trasladado también a todos los grupos parlamentarios la
necesidad de dotar la Ley de los recursos económicos suficientes
para que sea útil. “Sin un presupuesto adecuado que garantice
recursos humanos y económicos suficientes no habrá nada a hacer,
será papel mojado”, señala Ramón Mampel, secretario general de
LA UNIÓ.
Para
LA UNIÓ, la Ley de l'Horta es posiblemente una de las últimas
oportunidades para salvar lo que queda salvable de este espacio
único, con una actividad agraria profesional y rentable como motor
de la misma. Tal y como ya expresó en las observaciones iniciales,
también en el Comité Económico Social (CES) y ahora en las Cortes
Valencianas, trabaja para mejorarla. Sobre el suelo agrícola
infrautilizado, una de las principales cuestiones polémicas al
parecer de la Ley, LA UNIÓ ya ha trasladado que no se aplique su
declaración cuando sea consecuencia de una pérdida de rentabilidad
demostrable. En este asunto del suelo agrícola infrautilizado, la
Ley debería basarse en una norma de rango superior, como es la
futura Ley de Estructuras Agrarias.
LA
UNIÓ desea indicar que la Ley reconoce la necesidad que los
agricultores y ganaderos profesionales puedan tener ayudas
adicionales para desarrollar su actividad en un espacio protegido o
que facilitará la gestión de las tierras, mejorando la dimensión y
la incorporación de jóvenes. Para salir al paso de algunas
informaciones vertidas en los últimos días y totalmente inexactas,
la Ley permite también la libertad de empresa pues cada persona
podrá plantar lo que quiera y por tanto no discrimina ningún tipo
de agricultura, se podrá utilizar agricultura convencional o
ecológica y elegir la que se considere más conveniente.
La
Ley facilitará la recuperación de los campos abandonados y así se
evitarán la infestación de plagas y enfermedades a los campos
cuidados. No prohíbe tampoco la Ley la construcción por ejemplo de
almacenes o secadores de chufa. En ningún momento ni situación, la
Ley de l’Horta habla de hurtar las tierras, principalmente porque
esto lo garantiza la Constitución española.
LA
UNIÓ ha participado activamente desde los inicios de la elaboración
y tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular en defensa de
l'Horta, durante los Gobiernos del Partido Popular y durante el
actual Gobierno. Ahora los seguirá haciendo en les Corts y en las
cuestiones normativas pendientes, como la tramitación y aprobación
del Plan de Acción Territorial, la redacción y aprobación del Plan
Agrario y la aprobación de la normativa del Ente Gestor donde las
organizaciones profesionales agrarias serán claves.
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