La
propuesta que realizó ayer la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural en relación a la prohibición de determinadas prácticas
comerciales desleales contiene aspectos positivos que reflejan un
cambio de posicionamiento, pero también algunas carencias
importantes y evidentes que deberÃa contemplar como son por ejemplo
la venta a pérdidas o la posición de dominio.
LA UNIÓ, como ya
ha reiterado en distintas ocasiones, considera fundamental la
definición de posición de dominio, estableciendo un criterio sobre
cuándo un operador tiene un grado de concentración que le permite
evitar la competencia e imponer unilateralmente sus condiciones. AsÃ
mismo, también cuestiona que no se incluya la venta a pérdidas, una
de las reivindicaciones más importantes de los últimos años por
parte de LA UNIÓ y del conjunto del sector productor valenciano y
sobre la que lleva batallando tanto aquà como en Bruselas.
Otro aspecto que
cuestiona LA UNIÓ de la propuesta sobre la Cadena Alimentaria es que
no entre en que la promoción y ofertas de los productos perecederos
-fundamentalmente frutas y hortalizas- no recaiga siempre en el
precio a percibir por parte del productor, cuando deberÃa serlo
sobre el margen comercial de las cadenas de distribución, quienes
son en definitiva las que se benefician y les sirven como reclamo
para que los consumidores adquieran otros bienes de consumo.
La propuesta de la
Comisión que se debatirá el próximo lunes en el Consejo de
Ministros de Agricultura, habla de prácticas desleales que deben
prohibirse como el retraso en los pagos de productos perecederos, las
cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o
retroactivas de los contratos u obligar al proveedor a hacerse cargo
de los gastos de los productos perdidos.
Son asuntos como
el del pago a 30 dÃas -tal y como ya existe en España con la Ley de
Morosidad para los alimentos frescos y perecederos- que esta
organización agraria valora de la propuesta y que irÃan en la buena
dirección de erradicar ciertas prácticas desleales, para hacer una
cadena más justa para el eslabón más débil de la cadena
alimentaria, los agricultores y ganaderos.
Igualmente
considera que esta iniciativa debe también beneficiar a los
consumidores y recuerda que, según sus análisis, en estos últimos
años los precios a los consumidores en alimentación en la UE han
subido un 2% en mayor medida que el IPC General, y muy por encima de
los precios a los productores, un 0,7%.
La propuesta
contempla que sean los Estados miembro los que hagan seguimiento y
marquen las sanciones oportunas, por lo que LA UNIÓ pide valentÃa
polÃtica para aplicarla y espera que la capacidad de presión de los
lobis de la agroindustria y la distribución no acaben por quitarle
músculo a la Directiva.
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