LA
UNIÓ de Llauradors solicita al Ministerio de Agricultura que retire
la cuota fija de la tarifa que ha impuesto a los regantes alicantinos
del Trasvase Tajo-Segura, porque “no les llega ni una gota de agua
desde mayo de este año ni existen perspectivas de que llegue
pronto”.
Esa
cuota fija supone que deban pagar una derrama adicional anual por
hectárea de 120 euros por una dotación de agua comprometida pero no
consumida. El Ministerio de Agricultura reclama así el pago de la
tarifa del trasvase con independencia de que llegue o no el agua del
trasvase para regar los cultivos.
LA
UNIÓ apoya así las reivindicaciones de la Comunidad General Riegos
de Levante que se niega a que los agricultores socios de la misma
abonen una cantidad que en total significaría unos 2,5 millones de
euros por algo “que no tienen como es el agua del trasvase”. En
este sentido anima a los regantes afectados a asistir a la Asamblea
Informativa convocada para el próximo sábado en las instalaciones
de la Institución Ferial Alicantina (IFA) de Torrellano.
Los
bajos niveles de los embalses de cabecera del Tajo de Entrepeñas y
Buendía, que regulan la posibilidad legal del trasvase, cierran de
momento la puerta a un trasvase y por ello LA UNIÓ considera que si
no va a venir agua lo más lógico es que no se pida tampoco dinero.
LA
UNIÓ cree que la situación para los regantes alicantinos es
realmente angustiosa después de tres años de sequía y si no llueve
pronto puede ser ya dramática. La cuenca del Segura se encuentra en
situación de emergencia, el agua de la desaladora de Torrevieja se
va a destinar a cubrir las necesidades de la Mancomunidad de Canales
del Taibilla porque no hay agua para abastecimiento de la población
y el agua procedente de los pozos de sequía está prácticamente
gastada y la que se pueda obtener es insuficiente
Ernest
Blasco, responsable del agua de LA UNIÓ de Llauradors, señala que
“desde LA UNIÓ apoyaremos cualquier medida que se tome ante un
pago que es totalmente irracional y que representa una carga más
para las maltrechas espaldas de los agricultores alicantinos”.
“La
postura del Ministerio es kafkiana y sólo puedo obedecer a un afán
recaudatorio que espero rectifique. Es como si yo me comprara ahora
un coche, pago las cuotas periódicamente, pero resulta que no lo
puedo disfrutar”, indica Blasco.
Decisión
de la CHS
El
acuerdo ayer de la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) por el cual se cierra el grifo del
Segura para los regadíos, durante un mes y medio desde el próximo
miércoles, es un duro y nuevo mazazo para los agricultores
alicantinos pues se suma al cierre del Tajo. Corta el riego a manta
por las acequias y sólo podrán regar los que tengan pozos
autorizados y los que dispongan desalación.
Ernest
Blasco cree que “ha habido tiempo suficiente para tomar medidas
ante esta situación y no se ha hecho prácticamente nada y además
nos preocupa que se priorice claramente el uso industrial sobre el
agrario, teniendo en cuenta que contraviene la propia Ley de Aguas”.
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