La Audiencia de Castellón, el Ayuntamiento de Burriana y los procuradores firman un protocolo frente a situaciones de vulnerabilidad en casos de desahucio

El documento define las situaciones de riesgo social derivadas de procedimientos judiciales que determinan la pérdida de la vivienda habitual y articula las actuaciones a que se compromete cada uno de los firmantes.

En concreto, los órganos judiciales que ven las demandas por impagos de hipotecas o alquileres facilitarán a los afectados por un desahucio información sobre los recursos sociales que tienen a su alcance antes de la ejecución del lanzamiento para evitar situaciones de desamparo.

En el segundo trimestre de 2016 los juzgados de la provincia de Castellón han ejecutado 309 lanzamientos, de los que 248 son consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria (impagos de cuotas hipotecarias). Esta cifra supone un 16,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Los 161 restantes son lanzamientos practicados por aplicación de la Ley de arrendamientos urbanos (impagos de alquiler) y representa un 40% más que en el mismo periodo de 2015.

Por su parte, el Colegio de Procuradores se compromete a comunicar al tribunal que tramite el procedimiento las circunstancias de riesgo social del caso. Mientras, el Ayuntamiento de Burriana facilitará a los juzgados folletos informativos sobre los diferentes recursos sociales existentes a los que los afectados pueden acceder.

Los órganos judiciales se comprometen a difundir esta información y dar instrucciones a los funcionarios judiciales que se encargan de los actos de comunicación para que recojan en sus formularios los datos y situaciones que observen y que pueden ser signos de situaciones de riesgo.

Durante la firma del convenio, el presidente de la Audiencia de Castellón, José Manuel Marco, ha agradecido a los organismos firmantes su implicación en cada uno de los pasos que contempla el procedimiento y ha destacado que “la ventaja de este Protocolo es que, a diferencia de la legislación estatal vigente, es lo suficientemente abierto para que sea el Ayuntamiento quien valore con sentido común y sensibilidad humana y social la situación de riesgo que merece ser atendida”.

Se trata del segundo Protocolo que suscribe la Audiencia Provincial de Castellón con consistorios de la provincia, ya que firmó hace un año un documento similar con el Ayuntamiento de Castellón.