Rafael Blasco. FOTO EPDA La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado los recursos presentados por el
exconseller
de Inmigración y Solidaridad,
Rafael
Blasco, y el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, y ha
confirmado la decisión de la jueza de Instrucción 21, Nieves
Molina, de investigarles en la pieza quinta del “Caso Cooperación”,
relacionada con las irregularidades
en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de dicha Conselleria
En
la causa, abierta por los delitos de prevaricación y malversación de
caudales públicos, se investiga el amaño de contratos para que
esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas,
terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni,
empresario que se encuentra en prisión, junto al exconseller Blasco,
tras ser condenado por el desvío de las ayudas destinadas
a la Cooperación y Desarrollo.
Además
de Blasco y Llinares, en esta pieza separada figuran como investigados
la exsecretaria de la Conselleria, Tina Sanjuan, el empresario
Augusto Tauroni y otras tres personas: el jefe de área de informática,
un comercial de Fujitsu y un empleado de Tauroni.
Según
consta en la causa, al menos siete contratos por un importe total de
más de un millón de euros
habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y
libre concurrencia en la contratación pública. Los contratos fueron
adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e
Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que
luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y
Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus
considerados testaferros.
Así era la vida en la cárcel del ex secretario de Canet, que coincidió con Rafael Blasco
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