La Comunitat Valenciana, sin ningún juicio oral ni persona procesada por corrupción en el segundo trimestre de 2017. Andalucía y Baleares son las Comunidades Autónomas con más personas acusadas y procedimientos. El 69,8 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de abril y 30 de junio fueron condenatorias. Los
jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo trimestre de 2017
un total de 30 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto
de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 118 personas, que
fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Así
lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción
del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la
información
correspondiente al segundo trimestre del año.
El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web
www.poderjudicial.es
y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco
global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales
indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos,
sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.
La
información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción
pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de
preocupación
inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales
cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a
funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus
cargos, y como uno de los elementos del tipo
la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción
administrativa como la corrupción política.
Estos
fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación
urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art.
404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación
de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419,
420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430),
malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones
ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a
los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art.
439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales
internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*
|
Personas acusadas
|
Procedimientos
|
Tribunal Supremo
|
0
|
0
|
Audiencia Nacional
|
5
|
2
|
Órganos centrales
|
5
|
2
|
Andalucía
|
60
|
11
|
Aragón
|
2
|
1
|
Asturias
|
7
|
3
|
Baleares
|
27
|
5
|
Canarias
|
1
|
1
|
Cantabria
|
1
|
1
|
Castilla-La Mancha
|
0
|
0
|
Castilla y León
|
0
|
0
|
Cataluña
|
6
|
3
|
Comunidad Valenciana
|
0
|
0
|
Extremadura
|
2
|
1
|
Galicia
|
5
|
1
|
Madrid
|
2
|
1
|
Murcia
|
0
|
0
|
Navarra
|
0
|
0
|
País Vasco
|
0
|
0
|
La Rioja
|
0
|
0
|
Comunidades Autónomas
|
113
|
28
|
TOTAL
|
118
|
30
|
*La
tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto
de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos
instruidos
por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción,
Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados
Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Un 69,8 por ciento de sentencias condenatorias
Entre
los pasados 1 de abril y 30 de junio, los Juzgados y Tribunales
dictaron 43 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 30
fueron
total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 69,8 por
ciento del total.
La
información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias,
las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente
condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos
por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de
los acusados).
Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción
|
Condenatorias con conformidad
|
Condenatorias sin conformidad
|
Parcialmente condenatorias
|
Absolutorias
|
TOTAL
|
T.Supremo
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
A.Nacional
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Ó.centrales
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Andalucía
|
1
|
3
|
1
|
6
|
11
|
Aragón
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Asturias
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Baleares
|
4
|
0
|
1
|
0
|
5
|
Canarias
|
0
|
2
|
1
|
2
|
5
|
Cantabria
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
C.-La Mancha
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
C. y León
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
Cataluña
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
C.Valenciana
|
2
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Extremadura
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Galicia
|
2
|
2
|
0
|
1
|
5
|
Madrid
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Murcia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Navarra
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
País Vasco
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
La Rioja
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
CC.AA.
|
13
|
11
|
4
|
13
|
41
|
TOTAL
|
13
|
12
|
5
|
13
|
43
|
60 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción
El
repositorio permite también conocer el número de personas condenadas
por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción
que han adquirido firmeza en cada trimestre.
La
cifra que recoge la base de datos, y que en este caso corresponde al
tercer trimestre del año, es de 60 personas condenadas, según la
información
del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de
Justicia.
Los
delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por
este orden, los de malversación, prevaricación administrativa y
prevaricación
urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio,
urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico-.
78 penados sometidos a régimen penitenciario
Por
último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del
Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la
Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.
En
este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen
penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva-
tomando
en consideración el delito principal por el que han sido condenados o
acusados. A 1 de octubre de este año había en el conjunto de España 78
penados –en 42 casos, con el de malversación como delito principal y en
otros 21 con el de cohecho- y doce preventivos.
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