Rosa Pérez, Jorge Rodríguez, Mª Josep Amigó y Roberto Jaramillo. La
Diputació de València ha aprobado en el pleno de diciembre, en
vísperas navideñas, un Presupuesto para 2018 que la sitúa como una
de las instituciones más estables del momento, tanto a nivel
político como económico. Este presupuesto alcanza los 473 millones
de euros, un 9% más que en el anterior ejercicio, y combina el
incremento de las transferencias directas a los ayuntamientos, que
recibirán 25 de cada 100 euros de los presupuestos provinciales, con
la reducción progresiva de la deuda, que al cierre de 2017 se sitúa
en un 35% sobre los ingresos y que el próximo año se prevé que
esté en el 30%, muy lejos del límite del 75% que fija el Estado.
En
palabras del presidente, Jorge Rodríguez, “estos presupuestos
consolidan un modelo de gestión en el que priorizamos los servicios
sociales y mostramos una clara visión municipalista, confiando en el
criterio de alcaldes y alcaldesas a la hora de decidir las
inversiones que necesitan sus municipios”. Rodríguez ha explicado
que “ese incremento de la autonomía municipal conlleva una mayor
inversión para los ayuntamientos y también una mayor
responsabilidad para quienes los dirigen, ya que tienen que saber
organizarse con el dinero del que van a disponer, que les llega con
ayudas basadas en criterios objetivos y no mediante convenios que se
acababan concediendo de forma discrecional”.
Para
el presidente, “con estos presupuestos volvemos a cuadrar el
círculo, porque aumentamos la inversión propia, incrementamos las
transferencias directas a los ayuntamientos, conseguimos ser más
eficientes y además rebajamos la deuda”. En este sentido, “la
reducción progresiva de la deuda de la Diputació es consecuencia de
una gestión prudente alejada del clientelismo y las fanfarronadas”,
ha añadido Rodríguez.
En
la misma línea se ha expresado la vicepresidenta, Mª Josep Amigó,
que ha celebrado “el final de los convenios singulares con los que
en otra época se solía premiar a los ayuntamientos amigos”. Amigó
ha coincidido con el presidente en la firmeza y solidez del ejecutivo
provincial y ha calificado el nuevo presupuesto como “justo”. La
vicepresidenta ha representado de forma gráfica el final de las
ayudas discrecionales: “en 2014 el gobierno del PP repartió 34,4
millones de euros en ayudas no regladas y 23,6 millones en ayudas
regladas; en 2017, este gobierno ha repartido 83,9 millones en ayudas
regladas y 4 millones en no regladas; en 2018 ya no habrán convenios
singulares para inversiones municipales”.
El
presidente de la Diputació ha insistido en la “confianza” que ha
generado entre el municipalismo una corporación que “ha dejado de
dar vergüenza a los ciudadanos superando la parálisis provocada por
la corrupción”. En opinión de Jorge Rodríguez, “ésta es una
institución moderna que hemos puesto en marcha a base de buenas
noticias, agilizando la tramitación de las ayudas y buscando en todo
momento la estabilidad política y económica”. “Los municipios
comienzan el año sabiendo el dinero del que disponen y el que
recibirán a lo largo del curso, lo que les permite organizarse y
decidir los gastos en el horizonte de los próximos dos años”, ha
detallado el presidente.
Para
la vicepresidenta, “éste es un presupuesto concebido para unir
esfuerzos entre administraciones y eliminar las desigualdades entre
pueblos y ciudades”. En primer lugar, Amigó ha avanzado que
“seguiremos colaborando con la Generalitat buscando cooperación y
sinergias para mejorar la calidad de vida de más personas”. En
cuanto a la igualdad entre municipios, “los servicios serán los
mismos con independencia del tamaño y la localización de cada
pueblo”.
Mª
Josep Amigó ha hecho referencia también al apartado social de un
presupuesto “hecho para rescatar personas”, y en este ámbito ha
repasado algunas de las inversiones previstas, como las “actuaciones
en 10 comarcas diferentes para crear 500 plazas públicas en
residencias y centros de día”, los 7 millones de euros para el
mantenimiento de colegios o un plan SOM “que tiene más recursos
que nunca”.
Ejecución
presupuestaria y deuda
En
cuanto a la materialización del presupuesto de 2017, Jorge Rodríguez
ha señalado que “al término del presente ejercicio se prevé un
nivel de ejecución presupuestaria en el entorno del 75%, lo que
superaría la liquidación de 2016, con un 72,5%, y también la de
2015, que fue del 68,3%”. Las cuentas provinciales prevén además
un anticipo, aprobado en el pleno anterior, que ronda los 50 millones
de euros para los ayuntamientos, correspondiente al 70% del Plan de
Inversiones Sostenibles, el SOM y el Plan de Caminos y Viales, tres
programas con una dotación global de 67 millones de euros.
El
máximo responsable de la corporación provincial ha hecho referencia
también a la deuda, que sigue reduciéndose de forma progresiva pese
al incremento de las transferencias directas a los ayuntamientos, que
han pasado de un 23% a un 67% en el capítulo inversor del
presupuesto de la Diputació. En este apartado, la deuda de la
institución era de 384 millones de euros en 2013, mientras que hoy
es menos de la mitad, 162 millones de euros. “El nivel de deuda
sobre los ingresos es del 35%, muy lejos del límite estatal del 75%,
y la intención es seguir reduciéndola hasta llegar en 2018 al 30%”,
ha añadido Rodríguez.
El
presidente ha destacado el trabajo del área de Hacienda que dirige
Toni Gaspar, que se pone de manifiesto en datos concretos como la
reducción de los intereses de la deuda, un apartado que al cierre de
2014 llevó a la Diputació a pagar cerca de 3 millones de euros, y
que este año no alcanzará el millón de euros, con unos intereses
de 880.000 euros a fecha 1 de diciembre.
Servicios
sociales y transparencia
En
un presupuesto ya consolidado, continuista en las principales
partidas del pasado curso, como los 20,6 millones de euros para el
Fons de Cooperació Municipal junto a la Generalitat o los 12,6
millones para mejora de colegios y construcción de centros de día
en las comarcas valencianas, uno de los principales incrementos
vuelve a producirse en materia social, con un incremento de alrededor
de 3 millones de euros para servicios básicos.
De
ello habló la diputada Rosa Pérez Garijo, portavoz de Esquerra
Unida, que tras aplaudir “la igualdad de condiciones y concurrencia
para todos los pueblos y la eliminación de convenios y planes
teledirigidos”, comparó las cifras de inversión de la pasada y la
presente legislatura para presentar el modelo del actual equipo de
gobierno: “el presupuesto que se destinaba a Inclusión Social no
llegaba a los 4 millones de euros, una cifra que se ha triplicado
este año con una inversión de 12 millones de euros que pone en
valor la justicia social”.
La
diputada de Inclusión Social ha destacado también “el
significativo aumento presupuestario para el Centro Ocupacional, que
ha pasado a formar parte de la Red de Dependencia de la Conselleria”,
y ha indicado igualmente el aumento presupuestario en Teatros y
Memoria Histórica, áreas que también dirige Rosa Pérez Garijo.
Por
su parte, el diputado de Transparencia y portavoz de València en
Comú, Roberto Jaramillo, ha mostrado su satisfacción con el trabajo
conjunto de “un gobierno plural que pone a las personas en primer
lugar y cada vez da más dinero a los ayuntamientos para que lo
utilicen como consideren oportuno, con ayudas cada vez más
transparentes que se basan en criterios objetivos”.
En
el apartado de Gobierno Abierto, Jaramillo ha trazado la hoja de ruta
de los próximos meses, que pasa por “ayudar a los ayuntamientos a
resolver los problemas con los que se encuentran, con un aumento de
los recursos económicos y el refuerzo de la alianza estratégica con
las universidades públicas valencianas”.
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