Los
servicios jurídicos de la Diputació de Valéncia, acusación
particular en la causa abierta para investigar las presuntas
irregularidades en Imelsa, han solicitado al juez que lleva uno de
los casos de malversación de fondos en los que está implicado
Marcos Benavent Vicedo, penas que alcanzan los 6 años de cárcel
para el que fue gerente de Imelsa entre los años 2007 y 2014.
En
el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción nº
9, los representantes legales de la Diputació de Valéncia -la
principal perjudicada por el saqueo de la empresa pública Imelsa
(ahora Divalterra)-, entienden que Marcos Benavent es responsable de
un delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad
en documento oficial, prevaricación y fraude a la contratación
pública.
Junto
a Benavent, la Diputació pide dos años y tres meses de prisión
para el empresario Vicente Calvo Navarro, por haber sido cooperador
necesario en los delitos que se les imputan en relación al cobro de
60.455,55 euros por unos trabajos de instalación eléctrica que la
empresa de Calvo cobró y que nunca realizó ni tenía solvencia
técnica para ejecutar.
Los
hechos que se investigan sucedieron entre finales del año 2012 y
principios de 2013, pero no se conocieron hasta que un año después,
en enero de 2014, un requerimiento de la Agencia Tributaria, en el
que se solicitaba información relativa a la mercantil Flying Tigers
SL, permitió aflorar la estafa. Según las conclusiones
provisionales, Benavent, Calvo y un primo de éste se pusieron de
acuerdo para emitir tres facturas para el cobro de supuestos trabajos
en el entorno del monasterio del municipio de Llutxent, aprovechando
que en ese momento Imelsa tenía un taller de empleo en dicho
complejo propiedad de la Diputació.
La
investigación interna iniciada a raíz del requerimiento de la
Agencia Tributaria llevó a descubrir la inexistencia de documentos
de contratación de las obras o certificados de la ejecución de las
mismas. En su declaración, el empresario encausado reconoció que
Imelsa incluso le había adelantado el pago, algo prohibido por la
legislación.
La
reacción de Benavent al verse descubierto fue aparentar que
reclamaba al empresario la devolución de los importes mediante la
firma de un documento entre ambos que “lo que pretendía era dar
cobertura a un previo delito para el que se concertaron los
acusados”, sostiene la acusación particular de la Diputació de
Valéncia, dirigida por José Antonio Ibars, Jefe del Servicio de
Defensa en Juicio.
Entre
tanto, lo que sí ha conseguido la Diputació hasta la fecha es ir
recuperando el dinero estafado, mediante aportaciones del empresario
encausado a una cuenta de la empresa pública Divalterra. La
recuperación del dinero malversado estos años es una de las
prioridades establecidas por el presidente de la Diputació de
Valéncia, Jorge Rodríguez, que determinó que fueran los juristas
de la Diputació y no penalistas externos los que llevaran los casos
de la Operación Taula y de Imelsa, la empresa pública ahora
denominada Divalterra.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia