Jorge Rodríguez con la diputda Rosa Pérez Garijo. El
presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la
diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, han presentado
este miércoles ante decenas de alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo
de Servicios Sociales de la institución provincial, que en apenas
dos años ha triplicado la partida destinada por el anterior equipo
de gobierno a esta asistencia social básica.
Las
cifras evidencian la apuesta de la Corporación que preside Rodríguez
por los temas sociales, ya que, pese a la disminución de la
aportación estatal en el presupuesto del presente año y la dotación
de 20,6 millones para el Fondo de Cooperación Municipal, se ha
duplicado respecto a 2016 la partida para atención social básica en
los municipios, de 4,7 a 9,4 millones de euros, y se han habilitado
nuevas líneas para el mantenimiento de colegios, con 7 millones de
euros, y construcción de centros sociales, con otros 5,6 millones,
además de la partida de 15,5 millones para Bienestar Social y
Educación.
En
palabras de la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo,
“hemos pasado de un modelo asistencial-burocrático a un modelo de
responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia
social”. Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de
profesionales de atención en los Servicios Sociales Municipales, que
ha pasado en dos años de uno por cada 5.400 habitantes a uno por
cada 2.800 habitantes.
El
incremento de los equipos sociales de las mancomunidades y
ayuntamientos que se ha venido produciendo con el incremento de las
ayudas de la Diputación no es el único ámbito en que se ha
mejorado esta asistencia social para los municipios de menos de
10.000 habitantes. El área de Inclusión Social que dirige Rosa
Pérez Garijo ha multiplicado por 7 la financiación del refuerzo
administrativo municipal en asistencia social, y se ha apoyado la
movilidad de los profesionales con subvenciones a 22 entes locales,
cuando en 2015 no existía este tipo de subvención.
Para
el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, estas cifras
demuestran que “desde el primer minuto de la legislatura decidimos
que el eje principal de la gestión de este gobierno debía ser hacer
política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los
vecinos de los municipios valencianos y por supuesto para garantizar
los servicios básicos y cubrir las necesidades de las personas más
vulnerables”.
En
cuanto a este nuevo modelo de Servicios Sociales, Rodríguez ha
destacado que “lo realmente importante es prevenir esas situaciones
de vulnerabilidad social y pobreza, antes que llegar a extremos de
desigualdad que rechazamos desde esta institución, en la que los
parámetros de objetividad e igualdad se aplican en las distintas
áreas para que ninguna persona se quede en el camino”.
Líneas
de actuación
Los
9,4 millones de euros que la Diputación ha destinado este año a
estos Servicios Sociales básicos en municipios de menos de 10.000
habitantes se invierten, entre otras líneas de actuación, en el
pago de salarios al personal de los equipos sociales de base; el
mantenimiento de los centros sociales; y programas de prestaciones
básicas como la pobreza energética, la atención familiar a menores
en riesgo de exclusión, el fomento del asociacionismo y el
voluntariado o la prevención de la exclusión social y sus causas.
También
se presta atención a las estructuras técnicas de los ayuntamientos
y los ratios de atención de los profesionales, teniendo en cuenta
las crecientes competencias que asumen los municipios en materia
social; la supervisión de la profesionalidad de los trabajadores
sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para
aprovechar mejor los recursos disponibles; y la contribución a las
iniciativas de revitalización del medio rural, pasando del
asistencialismo al desarrollo comunitario y la participación social.
La
titular de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistido en que
el objetivo es “consolidar una red básica de protección social,
avanzando hacia una atención personalizada y de calidad que supere
el modelo tramitador y posibilite la verdadera inclusión social,
para que nadie quede excluido de una vida digna”.
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