“Vamos a prestaros
todo nuestro apoyo y vamos a estar con vosotros y con vosotras hasta el final,
defendiéndoos, asesorándoos y haciendo todo lo que esté en nuestras manos,
porque estamos convencidos de que tenemos la razón”. Con estas palabras, el presidente
de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha querido trasladar un mensaje
de “tranquilidad absoluta” a los cerca de 200 alcaldes y alcaldesas de
municipios de menos de 5.000 habitantes a los que la Inspección de Trabajo está
requiriendo el pago de las cuotas de Seguridad Social desde 2012 hasta 2015,
por los técnicos contratados al amparo de los convenios establecidos entre la
institución provincial y los colegios profesionales. Unos técnicos que, desde
hace 30 años, desempeñan su trabajo para las entidades locales, en ocasiones en
varias de ellas de forma simultánea, en virtud de contratos mercantiles y por
los que pagan sus correspondientes cuotas de autónomos.
Rodríguez se ha
dirigido a los alcaldes en una reunión convocada este jueves en el Salón de
Reinas de la Diputación de Valencia, a la que han asistido más de un centenar
de ellos y en la que han participado también la diputada de Asesoramiento y
Asistencia Municipal, Conxa García, y el jefe del Servicio de Asesoramiento,
Enrique Moreno. Este encuentro tenía como objetivo principal explicar a los
responsables municipales las actuaciones realizadas desde la Diputación para
intentar frenar el procedimiento de la Inspección de Trabajo, así como
trasladarles los pasos que, como ayuntamientos, deben seguir para presentar una
respuesta coordinada y unánime.
Para ello, el
servicio de Asesoramiento Municipal ha diseñado una “hoja de ruta”, que ha sido
distribuida a todos los consistorios afectados en la que se establecen los
pasos a seguir una vez se reciban las actas de liquidación, en las que se
comunica a los ayuntamientos el importe al que asciende su supuesta deuda con
la Seguridad Social. Unas actas que ya se han empezado a remitir y en las que
se reclaman cantidades que oscilan hasta el momento entre los 20.000 y los
42.000 euros.
En primer lugar, la diputada
de Asesoramiento Municipal ha trasladado a los alcaldes y alcaldesas
congregados que no deben pagar todavía ninguna cantidad, pues “esta reclamación
no se convertirá en una obligación concreta hasta que no finalice el
procedimiento administrativo”, motivo por el cual, conviene que presenten las
alegaciones correspondientes una vez recibida el acta. En este sentido, Conxa
García ha recordado que la Diputación ha remitido un modelo de alegaciones a
todos los ayuntamientos para ser utilizado en este caso, y les ha advertido de
que estén atentos a la recepción del acta, pues es probable que lleguen en
muchos casos en pleno mes de agosto, cuando la mayor parte del personal está de
vacaciones, y el plazo para responder es únicamente de 15 días.
A partir de aquí, los
siguientes pasos a dar dependerán de cuál sea la respuesta por parte de la
Inspección de Trabajo. Tal como ha explicado el jefe del Servicio de
Asesoramiento Municipal, en el caso de que se desestimen las alegaciones, habrá
que presentar un recurso administrativo ante la Tesorería de la Seguridad
Social y, de ser éste también desestimado, lo que cabría es presentar una
demanda judicial ante la jurisdicción competente. “En ambos casos –ha
comentado–, seguiría siendo la Diputación de Valencia la que centralizara las
acciones y proporcionara a los ayuntamientos los correspondientes modelos de
reclamación y, en su caso, proporcionara la asistencia jurídica y letrada
necesaria de forma completamente gratuita”.
Podría ocurrir, sin
embargo, que la Inspección de Trabajo estimara las alegaciones de los
ayuntamientos, ya fuera en su petición de archivar el expediente, lo que daría
por finalizado el proceso, o bien, la petición alternativa que, motivada en la
existencia de dos sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de los
años 2009 y 2010 en los que, ante casos idénticos, se daba la razón a los
ayuntamientos, se abriera un incidente judicial, lo que, según ha indicado
Enrique Moreno, “paralizaría el procedimiento administrativo en tanto en cuanto
dicho incidente no se resolviera”.
En cualquier caso, la
diputada Conxa García ha insistido a los alcaldes y alcaldesas en la
importancia de seguir la hoja de ruta diseñada por la Diputación, y no
desmarcarse de esta vía sin comunicarlo previamente, ya que “la mejor garantía
para conseguir un buen resultado es que todos vayamos coordinados”. “Estamos
ante un proceso largo y complejo –ha añadido–, pero a pesar de ello, los
ayuntamientos no es necesario que realicen ningún trámite de forma
independiente, porque son los servicios jurídicos de la Diputación los que están
asumiendo y centralizando todas las gestiones y, en el caso de que finalmente
hubiera que iniciar un proceso judicial, también estarían cubiertos”.
Antecedentes
Desde hace 30 años,
la Diputación de Valencia tiene suscritos convenios con distintos colegios
profesionales (en la actualidad, 16) en virtud de los cuales los ayuntamientos
de menos de 5.000 habitantes y las mancomunidades pueden contar con el trabajo
cualificado de técnicos (arquitectos, ingenieros y graduados sociales) por
periodos de entre 2 y 4 horas semanales, por un importe pactado previamente
entre los correspondientes colegios y la institución provincial, que
subvenciona el 80% de su coste. La relación que se establece entre los
ayuntamientos y los técnicos es de naturaleza administrativa, y está
formalizada en un contrato mercantil.
Esto es precisamente
lo que la Inspección de Trabajo pone ahora en cuestión, pues considera que
dichos profesionales, que cotizan como autónomos y prestan al tiempo sus
servicios a otras entidades, empresas y/particulares, deberían haber estado
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con la única excepción
de los graduados sociales. En línea con esto, reclama a los ayuntamientos el
pago de las tasas de la Seguridad Social de los últimos cuatro años y les insta
a incorporarlos a su plantilla de trabajadores, lo que conllevaría un gasto que
la mayoría de los municipios no puede afrontar.
Este mismo mes de
julio se ha puesto en marcha el levantamiento de actas en las 186 entidades
locales implicadas en un proceso que la administración estatal ha iniciado con
carácter general en toda la provincia de Valencia, aunque no en otras
provincias, un hecho que ha sido recordado en varias ocasiones tanto por el
presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, como por la Diputada
de Asesoramiento Municipal, Conxa García. “Esta misma colaboración se realiza
también desde la Diputación de Castellón desde hace 20 años y en los mismos
términos sin que la Inspección haya cuestionado el régimen aplicable”, han
declarado.
Por otra parte, las
dos únicas sentencias judiciales existentes sobre esta materia, dictadas por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
en referencia a sendos procesos contra los ayuntamientos de Caudete de las
Fuentes y Fuenterrobles, dieron ya en su día la razón a los consistorios y, por
ende, al criterio seguido desde el iniciopor la Diputación de Valencia.
Para el gobierno
provincial es importante establecer una actuación coordinada entre todos los
ayuntamientos y la propia Diputación, además de seguir insistiendo en la vía
del diálogo entre administraciones. De hecho, a principios de semana el
presidente de la diputación solicitó por carta una reunión “urgente” al
Secretario de Estado de la Seguridad Social, con la esperanza de que ésta
aportara más soluciones que la mantenida recientemente por la diputada de
Asesoramiento Municipal con el subdelegado del Gobierno en la Comunidad y
responsables de la Inspección de Trabajo, en la que, según indicó Conxa García,
“únicamente nos emplazaron ‘a seguir hablando’”.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia