Alfredo Rodrigo Haro, Secretario de Política Sindical FSP - UGT - Comarcal El
mayor damnificado por las políticas de reformas y recortes del
Consell es la ciudadanía valenciana. Así sucede con los recortes
que están afectando a los servicios esenciales para la ciudadanía,
como son la Sanidad, la Educación, la Dependencia, la Justicia, la
Cultura, etc., sin las cuales no hay cohesión social.
El
objetivo final de las maniobras especulativas y presupuestarias desde
el principio de la crisis es el propio modelo social, para forzar a
las Administraciones Públicas a declarar su insostenibilidad
financiera, dejando al mercado nuevas cuotas de negocio hoy en manos
de los Servicios Públicos, buscando rentabilidad económica a
funciones netamente sociales.
Buena
muestra de esta estrategia del Consell es el entusiasmo con el que ha
acogido la Ley 7/2013, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que modifica los ámbitos competenciales de
los Ayuntamientos y que en la práctica elimina de un plumazo las
competencias municipales en materia, entre otras, de Servicios
Sociales.
En
otras CCAA (Galicia, Madrid, Andalucía, etc.), los respectivos
gobiernos autonómicos han legislado al respecto y han establecido
convenios de colaboración (y financiación) con las AALL para
delegar en las mismas la provisión de servicios sociales para la
ciudadanía, atendiendo a las evidentes razones de eficiencia y
eficacia debido a la proximidad.
La
Generalitat Valenciana, en cambio, ha permanecido impasible, ha
obviado este tipo de iniciativas y ha asumido el contenido integro de
la Ley 7/2013, sin la más mínima dotación presupuestaria. Objetivo
cumplido : un espacio público menos y un escenario de
externalización y privatización más.
A
esta planificada estrategia del Consell, y no solo a la propia
crisis, se ha de achacar la siguiente realidad:
Elaboración
de un marco económico y presupuestario cuya prioridad ha consistido
en reducir a la mínima expresión (cobertura, extensión y calidad)
los Servicios Públicos esenciales, lo que ha supuesto el mayor
recorte de servicios públicos en el período democrático.
Aprobación
de multitud de iniciativas legislativas que complementando el marco
económico, han servido para desmantelar las garantías normativas
que regulaban los Servicios Públicos esenciales, reduciendo los
derechos de la ciudadanía.
Un
continuo ataque a los empleados públicos, con persistentes
modificaciones de sus condiciones, que suponen las más agresivas y
lesivas reformas en el periodo democrático. Configurando unas
relaciones laborales basadas en la decisión unilateral de la
Administración/empresa, en detrimento del diálogo social y la
negociación colectiva.
La
Legislatura 2012 – 2015 ha representado la culminación de más de
dos décadas de aplicación de la política ultraneoliberal del
Partido Popular. Los recortes en los servicios públicos valencianos
han alcanzado valores superiores a los de cualquier otra
administración pública española.
La
especial gravedad de la situación de la Comunitat radica en el hecho
de que los recortes se han aplicado sobre un escenario previo
particularmente frágil : una de las Comunidades Autónomas con menor
peso del Presupuesto Público sobre el PIB y, al mismo tiempo, un PIB
más bajo que la media de España.
La
legislatura 2012-2015 (como la anterior 2008-2011) ha significado una
nueva ocasión perdida por el Gobierno de la Generalitat para
conseguir una modificación del Sistema de Financiación Autonómico
del gobierno de España, con el objetivo de que la Comunitat reciba
un trato fiscal equitativo y no discriminatorio por parte del Estado
español.
Desde
la FSP-UGT-PV denunciamos
también el nefasto balance que arroja la política fiscal de la
propia Generalitat en buena parte de esta legislatura y las
anteriores, con un empecinamiento en el mantenimiento de una gestión
marcada por el abandono de todas las amplias posibilidades que las
normativas española y autonómica han ofrecido para el incremento de
la recaudación (gestión de los Impuestos Cedidos, gestión del
tramo autonómico del IRPF, etc.)
Denunciamos
que esta gestión fiscal deliberadamente regresiva está en el origen
del déficit público y de la escandalosa deuda pública (la más
alta de España) que están conduciendo a los actuales recortes
presupuestarios y al desmantelamiento de los servicios públicos.
Desde
la FSP-UGT-PV denunciamos la ineficacia absoluta mostrada por la
Generalitat en la obtención de Fondos europeos cofinanciados durante
esta legislatura, que se ha traducido en la pérdida de cientos de
millones de euros que han ido a parar a otras CCAA.
Asimismo
denunciamos las prácticas torticeras de la Generalitat en el uso de
los escasos Fondos comunitarios conseguidos a lo largo de la presente
legislatura, su utilización para fines diferentes a los
comprometidos o simplemente “desaparecidos” en la hacienda
autonómica, y que deberán ser devueltos más pronto que tarde.
Y,
sobre todo, denunciamos enérgicamente la estrategia de la
Generalitat en el falseamiento de las estadísticas enviadas a
Eurostat sobre las cuentas públicas valencianas en lo referente a
Déficit y Deuda Pública, que han puesto en entredicho la
credibilidad y honorabilidad de la Administración Autonómica
valenciana y del Estado Español.
En
esta legislatura, y solo en el capítulo de los servicios públicos
esenciales, el gasto de la Generalitat ha disminuido en más de 2.700
millones de euros respecto a la legislatura anterior.
Se
trata de una disminución superior al 6%, precisamente en el período
en el que la crisis, la exclusión social, el desempleo y la
precariedad laboral hubieran hecho más necesaria que nunca una
política de redistribución y solidaridad para paliar el desamparo
de los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables.
Desde
el punto de vista estrictamente presupuestario y solo en el ejercicio
2015, los déficits
presupuestarios
valencianos
en los servicios públicos esenciales (en relación a la media de
España), serían :
La
Generalitat Valenciana, lejos de implementar medidas de auténtica
racionalización del gasto y de incremento de la eficiencia en la
gestión, ha utilizado la vía más cómoda e injusta para la
reducción del gasto y ha descargado directamente sobre los
empleados públicos el peso de los recortes.
Desde
la FSP-UGT-PV denunciamos la importante reducción de empleo público
producida a lo largo de toda la presente legislatura, muy superior a
la experimentada en el conjunto de España con motivo de las medidas
de reducción del déficit.
La
reducción de empleo público ha tenido efectos nefastos sobre la
calidad del servicio público prestado a los sectores más
desfavorecidos de la ciudadanía, en especial en la Atención
Sanitaria, la Educación, los Servicios Sociales y la Justicia.
La
Administración Autonómica ha destruido hasta 10.461 empleos, un
8,2% del total de su plantilla, incluyendo el personal del Consell y
sus Organismos Autónomos.
Y
ello sin contar con el empleo destruido en el Sector Público
Empresarial, cuyo porcentaje de destrucción de empleo ha sido
incluso superior al del Consell y sus O.A.
La
FSP-UGT-PV denuncia que la política de la Generalitat durante la
legislatura 2012-2015, además de atacar duramente la plantilla de
personal público mediante una planificada estrategia de destrucción
de puestos de trabajo, también ha erosionado gravemente el poder
adquisitivo de los trabajadores públicos que han conservado su
puesto.
En
el caso del personal dependiente del Consell de la Generalitat, sus
Organismos Autónomos, el personal sanitario, de educación y de
justicia, la reducción del poder adquisitivo ha estado alrededor del
28%.
En
el caso específico del personal sanitario y de educación, la
reducción casi alcanza el 33%.
FSP-UGT-PV
denuncia enérgicamente que durante la legislatura 2012-2015 ha
continuado el desmantelamiento perfectamente planificado de los
sistemas públicos de Salud y Educación de la Comunidad Valenciana,
en ambos casos mediante una doble estrategia de pauperización
presupuestaria del sistema y, simultáneamente, una política de
externalización y privatización de la provisión de los dos
servicios públicos esenciales.
Asimismo,
denunciamos la clara connivencia de la Generalitat con los operadores
privados con el fín de garantizar sus beneficios como prioridad
absoluta, en detrimento de la hacienda pública valenciana, de la
salud de la ciudadanía y de la formación de sus jóvenes.
Y
todo ello pese a las repetidas denuncias de los profesionales de
estos sectores sus organizaciones sindicales, la Sindicatura de
Comptes, los Tribunales e incluso la Comisión Europea.
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