La Fiscalía abre diligencias penales por el contrato con la empresa de informática del ex concejal de Canet d'En Berenguer, Carlos Julián

Carlos Julián. FOTO EPDA

José Antonio Sancho fue uno de los fundadores el 7 de junio de 2002 de la Asociación Pangea del Mediterráneo. Esta se dedicaba ‘‘primordialmente, permanentemente y con carácter habitual a la realziación de programas y actividades a favor de todos los ciudadanos y colectivos perseguidos, amenazados, en peligro o discriminados y en especial para los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y des- plazados, obteniendo y gesitonando los correspondientes fondos públicos, nacionales, europeos y demás...’’.

Las primeras juntas directivas estaban formadas por personas como José Ramón Llopis Cotanda, uno de los fundadores de la Academia Valenciana de Juristas -otro chiringuito controlado por Sancho e investigada por la justicia- y Asesores Profesionales o Juan Jesús Gilabert, último presidente de la AVJ. El último pre- sidente fue el concejal de CAnet d’En Berenguer, Carlos Julián. De ahí que cuando el Consorcio Pangea dejó de operar, se trasladó numeroso material y ordenadores a dependencias municipales del ayuntamiento de Canet, en concreto a una habitación de la Casa de Llanos cerrada con llave y un almacén municipal.

De nuevo la investigación pone el acento en los cientos de miles de euros recibidos de administraciones públicas y también los numerosos pagos que Pangea realizó a otras firmas investigadas de José Antonio Sancho. Según la investigación, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011, Pangea recibió 162.500 euros del Minsterio de Trabajo/Inmigración, 5.600 del Ayuntamiento de Roquetas de Mar; 15.139 de la Generalitat Valenciana; 45.045 de Millena III Milenio y 3.500 del Ayuntamiento de Alicante. Pangea, a su vez, tranfirió 7.310 euros a la Academia Valenciana de Juristas, 9.050 a Natividad García; 3.095 a Ignacio Sancho Moscardó; 21.000 a A. Económicos Públicos y 43.065 a Millenia III Milenio, todas ellas investigadas.

Es llamativo el caso de Natividad García, ex alalcadesa de La Pobla de Farnals, quien accedió a la alcaldía del municipio de l’Horta Nord el 18 de octubre de 2008 y permaneció en el cargo hasta el día 22 de mayo de 2011. Entre el 21 de febrero y el 9 de mayo de 2011 recibió dicha cantidad dineraria en tres pagos. García ha sido condenada por la Audiencia Provincial a dos años de cárcel por cohecho, los mismos que Sancho, quien la sobornó para introducir a sus firmas en el Consistorio de l'Horta Nord. Ambos recurrieron al Tribunal Supremo y éste denegó el recurso. Ahora, después de que el TSJ valenciano haya pedido su ingreso en prisión, han solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy su indulto, pese a que su condena es por corrupción.

Carlos Julián

También aparece Carlos Julián, ex concejal de Hacienda en la anterior legislatura, del PP, quien en abril de 2011 hizo una factura a la Asociación Pangea Arco Mediterráneo por 23.369 euros que se corresponde con la misma cantidad de una subvención de la Junta de Andalucía para el proyecto de ‘Renovación, de equipos informáticos y conservación de la sede’’. La factura la hizo la mercantil Dexfor SLNE, cuya administadora única es Adoración Zamora, esposa de Julián. Todos ellos están imputados. La juez sospecha que la subvención no fue a parar a los inmigrantes.

Según la página web de Sancho, www.joseantoniosancho.es la misma ha sido diseñada por Dexfor Servicios Informáticos. Precisamenteesta cuestión fue trasladada por la Guardia Civil al alcalde, Leandro Benito, cuando fue a declarar como testigo.

Se da la circunstancia de que el equipo de Gobierno de Canet ha concedido a esta empresa el mantenimiento informático del Ayuntamiento por dos años.

Sancho intenta defenderse en un escrito remitido al juez, alegando que sus despachos estuvieron en la calle Navellos, número 8-1 de Valencia. Pero cuando no se pudo pagar el ‘‘caro alquiler’’ se llevaron los archivos y pertenencias a los locales del ayuntamiento de Canet ''por ser el municipio al que en dicho momento correspondía la presidencia’’. Sancho explica que sólo desempeñaba el puesto de secretario, encargado de llevar los libros de actas y asistir a las juntas generales y de tgobierno. Para echar balones fuera, Sancho se de ende asegurando que ‘’jamás tuvo firma ni en las cuentas del Consorcio ni en las de la Asociación hasta el año 2011’’.

El secretario y trabajador de la AVJ, José Ignacio Maruenda-Peñuela recibió ese año 12.000 euros del Ayuntamiento de Canet de una subvención de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias por asesorar a una veintena de inmigrantes.