La Guardia Civil de
Valencia, en el marco de la
operación 'Trasso', ha desarticulado un entramado criminal
diseñado por una Fundación para la explotación de laboral de personas
condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad, siendo empleados bajo
amenaza o coacción, en beneficio privado de empresarios y entidades locales
durante los años 2.010, 2.011, 2.012 y 2.013.
El
Presidente de la Fundación Vecinal
Blasco Ibáñez, con sede en Loriguilla, así como su familia, que formaba parte
del patronato, ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos o cargos
públicos, la mano de obra de estos individuos, a los que amenazaba con no
justificar la prestación de las penas impuestas a través del Servicio de
Gestión de Penas de Vigilancia Penitenciaria de la Ciudad de la Justicia de Valencia, con
quien la Fundación
tenía firmado un convenio.
La Fundación recibió a
través de este convenio a 1.450 personas, habiendo sido un elevado número de
ellas víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de
seres humanos con fines de explotación laboral.
Muchas de
las víctimas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y
viviendas de particulares (pintura, albañilería, etc…), para lo cual recibían
incluso amenazas y coacciones de los miembros de la fundación de no firmar la
justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad en caso de
no aceptar los trabajos ordenados, que nada tenían que ver con los autorizados
por el Servicio de Gestión de Penas.
Entre las
distintas actividades laborales irregulares, cabe destacar la detección de los
investigadores de trabajos realizados en el Ayuntamiento de Loriguilla, con la
autorización del entonces alcalde del Consistorio, que ha resultado detenido,
en servicios de seguridad pública en horario nocturno en las calles del
municipio, servicios supervisados por el que era Jefe de la Policía Local de la citada
localidad, también detenido, en labores de “serenos” sin ningún amparo
normativo, y vulnerando los principios esenciales de los derechos del
trabajador y su seguridad física y jurídica.
Durante la
fase de explotación de la operación se ha procedido a la detención de los
administradores de las empresas, particulares, autónomos y responsables
públicos para los que los trabajadores realizaron labores sin ser remunerados, y
se ha constatado la existencia de una Organización Criminal perfectamente estructurada
que contaba con la connivencia de cargos públicos del Ayuntamiento y miembros
de la Policía Local
de Loriguilla (Valencia), sin los cuales los miembros de la fundación no
habrían podido ejecutar los hechos delictivos.
Así mismo,
a tenor de las investigaciones el entonces Alcalde del Ayuntamiento de
Loriguilla, llevó a cabo la desviación de fondos públicos para sufragar
presuntamente con los gastos de los vehículos que la Fundación empleaba para
trasladar a las víctimas, y que fueron también empleados en los vehículos
particulares del Presidente de la
Fundación y su familia.
La investigación
también ha supuesto la detención de un exconcejal del Ayuntamiento de Gilet (Valencia),
para el cual se habrían desviado presuntamente trabajadores a través de la Fundación
para el desarrollo de trabajos en su empresa de la localidad de Alboraya (Valencia).
En la fase final de la operación policial se
practicaron dos registros en un domicilio y una asesoría jurídica, ambos pertenecientes
a los miembros de la Fundación, interviniendo una gran cantidad de
documentación relativa a los trabajos en beneficio de la comunidad
desarrollados en los ayuntamientos de Loriguilla y Gilet. Así mismo se han
recuperado 7 vehículos, además de material informático y electrónico.
La
Operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía
Judicial, Equipo de Policía Judicial de Ribarroja, bajo la dirección del Juez
Instructor, Juzgado de Instrucción nº 2 de Lliria (Valencia), y ha supuesto sin
duda la detección de una modalidad de Trata de seres humanos con fines de
explotación laboral sin precedentes en la Provincia de Valencia.
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